Elia Tamayo, madre del menor José Luis Tlehuatle, asesinado en el desalojo de Chalchihuapan, se negó a aceptar el carpetazo a la resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que validó la reparación del daño por parte del gobierno del estado a pobladores de dicha comunidad, aunque confirmó haber recibido una indemnización de 2.5 millones de pesos.
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Tamayo resaltó que fue obligada a firmar un trío de cheques para recibir el dinero de la reparación el daño, sin embargo dijo que aún no hay justicia para sancionar a los responsables del asesinato de su único hijo.
No estoy conforme. La CNDH está a favor del gobernador y eso no es posible. Yo siempre he pedido justicia, por el amor de Dios. Me siento muy mal porque tantas cosas que se han hecho y aquí no hay justicia. Que deje de hacerse de oídos sordos, pido justicia. Estamos de pie. El (gobernador) piensa que con dinero va a pagar una vida".
Negó haber firmado la disculpa pública y haber recibido una beca para sus hijas, y dijo que buscarán un diálogo personal con Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos (CNDH).
En rueda de prensa en la que estuvieron presentes miembros del Centro de Defensa y Difusión de Derechos Humanos de San Bernardino Chalchihuapan, la madre del menor asesinado en el enfrentamiento ocurrido en julio de 2014, declaró que su inconformidad será apelada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que continuará en la administración de Antonio Gali Fayad.
CENTRAL publicó que Elia Tamayo negoció la liberación del alcalde de la junta auxiliar, Javier Montes, pues un día después de que salió de la cárcel ella desistió de la inconformidad que había presentado contra el castigo interpuesto contra los responsables del operativo policiaco.
Por su parte, Hilario Gallegos, integrante del Centro de Defensa, declaró que Tamayo Flores también fue sometida a firmar diversos documentos entre los que se encuentran desistir en contra de los juicios de 16 personas.
Aclaró que pese a haber recibido el dinero, no todos los puntos se cumplieron y que la CNDH debe una explicación detallada del supuesto cumplimiento, pues asegura que el texto es solo es una "copia" y "pega" de las mismas recomendaciones.
Por su parte, Araceli Bautista confirmó que todas las presiones del estado fueron a cambio de la libertad de su hijo y exedil auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes, con la amenaza de regresarlo a la cárcel con mayores cargos que los imputados.