Crimen y Castigo

Resolución de la CNDH sobre Caso Chalchihuapan evidencia que Elia Tamayo negoció la liberación de Javier Montes y recibió 2.5 mdp

- Foto: Especial/Central

En la resolución se indica que la madre del niño José Luis Tlehuatle desistió de su impugnación a la sanción contra los responsables el 5 de septiembre, un día después de que fue liberado de la cárcel el edil auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes 

Por Karen Meza /@KareMeza_

/ Puebla, Puebla

Elia Tamayo, la madre del niño José Luis Tlehuatle asesinado en el desalojo de Chalchihuapan en 2014, negoció la liberación del alcalde de la junta auxiliar, Javier Montes, pues un día después de que salió de la cárcel ella desistió de la inconformidad que había presentado contra el castigo interpuesto contra los responsables del operativo policiaco. Además, recibió 2.5 millones de pesos como indemnización. 

Así lo revela el informe presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso, en el que señala que la señora claudicó de su denuncia en contra de los asesinos de su hijo el 5 de septiembre, mientras, al ex edil lo liberaron un día antes, el 4 de septiembre de 2016. El informe explica que el dinero lo recibió sin presiones y en tres pagos.

Antes de que Elia Tamayo desistiera, el 4 de septiembre Javier Montes fue liberado tras un año 10 meses de estar en prisión por los delitos de tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, motín y ataques a las vías de comunicación. Por ellos debía cumplir una pena de cuatro años encarcelado.

Esta negociación sucedió gracias a la intermediación de Araceli Bautista, madre de Javier Montes, quien durante la pelea por la resolución del caso se hizo la principal asesora y amiga de la señora Elia Tamayo.

El 9 de julio de 2014 policías estatales de Puebla se enfrentaron a pobladores de Chalchihuapan, junta auxiliar de Santa Clara Ocoyucan, tras un operativo de desbloqueo de la carretera federal Puebla-Atlixco en protesta porque el gobierno estatal les quitó facultades en el Registro Civil y seguridad pública.

Aunque hasta noviembre del año pasado los puntos, dos, tres y décimo no terminaban de cumplirse, el gobierno de Rafael Moreno Valle atendió un mes antes de concluir su mandato las 11 recomendaciones de la CNDH. Los aspectos resueltos son: 

-Segundo: Tome las medidas necesarias para la creación de una fiscalía especial para la investigación de los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014 en el municipio de Ocoyucan, Puebla, designada bajo su más estricta responsabilidad, a efecto de que garantice de manera transparente, objetiva e imparcial.

-Tercero: Reparar daños a víctimas. Instruya a quien corresponda para que se reparen los daños causados a las víctimas y a sus familiares en los términos más amplios y de manera integral, acorde con lo que establecen los estándares internacionales en la materia y la Ley General de Víctimas.

-Décimo: Denuncia ante PGJ. Instruya a quien corresponda para que se colabore con esta Comisión Nacional en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que se formule ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla en contra de los servidores públicos involucrados, y se remitan a este Organismo Nacional las evidencias que le sean solicitadas y las constancias que acrediten su cumplimiento.

El 28 de noviembre del año pasado, Elia Tamayo, dio una rueda de prensa para señalar que el gobierno del estado la presionó para que aceptara una indemnización superior a un millón de pesos, caso contrario el exalcalde auxiliar de Chalchihuapan, Jairo Javier Montes Bautista regresaría a la cárcel.

VER: Elia Tamayo aceptó indemnización por presión del gobierno, acusa madre de exedil de Chalchihuapan

En ambos casos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos aseveró que dio seguimiento a la Fiscalía Especial para el Esclarecimiento de los hechos del Caso Chalchihuapan, desde su creación en septiembre de 2014, con la presentación de informes periódicos sobre el estatus de las averiguaciones previas, según revela el documento que emitió la CNDH al periódico La Jornada de Oriente.

Este punto 10 de la resolución se mantenía atorado el cierre del caso Chalchihuapan. Elia Tamayo había presentado cargo contra 16 personas en el desalojo, pero el juicio se resolvió el 5 de septiembre de 1016 cuando declinó de las acusaciones a través de sus entonces representantes jurídicos Alejandro del Castillo alias “El Lechuzo” y Arturo Rivera Pineda, un día después de la liberación de Javier Montes.

Cabe señalar por lo que respecta a quienes resultaron con responsabilidad y sanción penal por la lamentable muerte del menor de edad, la Sra. Elia Tamayo, a través de sus representantes jurídicos, interpuso en su oportunidad un recurso de apelación del cual se desistió el 5 de septiembre de 2016”, señala el documento. 

Después, para resolver los puntos del órgano nacional de derechos humanos, Tamayo decidió revocar su relación con su abogado Alejandro del Castillo y solicitó a la Secretaría General de Gobierno  (SGG) prohibirle información relacionada con el cumplimiento de las recomendaciones por la violación a sus derechos humanos. Mientras cedió todos los derechos totales a su amiga, Araceli Bautista.

VER: Elia Tamayo anula relación con sus abogados Del Castillo y Rivera en el Caso Chalchihuapan

A un mes de que Moreno Valle termine su sexenio, se cumplieron las 11 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respecto a las violaciones de los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, que provocó la muerte del niño José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo y decenas de heridos en julio de 2014.

VER: CNDH da carpetazo a caso Chalchihuapan: gobierno de Puebla cumplió todas las recomendaciones

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