Un total de 13 municipios de Puebla interpusieron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reforma al artículo 12 de la Constitución local que abre la puerta para la privatización del agua y violenta la autonomía de los alcaldes.
CENTRAL corroboró que en la página oficial de la SCJN existe una lista de 13 municipios que solicitan derogar el artículo y hasta ahora seis controversias ya fueron admitidas por el máximo tribunal del país.
Los nuevos Ayuntamientos que buscan echar abajo la reforma relacionada con el vital líquido son: Tlaltenango, que preside Armando Actual Saldaña (Movimiento Ciudadano); San Gabriel Chilac, de Rigoberto David Martínez Rosas (PT); Tehuacán, de Ernestina Fernández (PRI); Altepexi, de Lorenzo Reyes Mariano (MC); Zinacatepec, cuyo alcalde es José Luis Lorenzo Moreno (MC); Izúcar de Matamoros, de Manuel Madero González (Compromiso por Puebla) y Chiautla, de Jesús Castro Ramales (Compromiso por Puebla).
Llama la atención que en la lista de los alcaldes que decidieron impugnar de último momento esté la presidenta de Tehuacán, Ernestina Fernández, quien ha buscado una tregua con el gobierno del estado por el proceso que inició en su contra el Congreso Local por supuesto desvío de recursos durante su gestión.
Los juicios están en los expedientes 80/2017, 82/2017, 85/2017, 86/2017, 87/2017, 89/2017 y 90/2017. En todos los casos, los ediles sustentan que hubo violación a la autonomía de su gobierno.
Estos nuevos procedimientos se suman a los que antes del 6 de marzo ya habían presentado los alcaldes de Zoquitlán, Ajalpan, Coxcatlán, Coronango, Juan C. Bonilla y San Pedro Cholula, y que ya ingresaron para su análisis en el máximo órgano de justicia.
VER: Admite SCJN seis controversias de alcaldes en contra de la privatización del agua en Puebla
Es preciso recordar que en el caso de Izúcar de Matamoros, fueron los pobladores quienes marcharon y obligaron al Ayuntamiento a presentar una controversia constitucional ante la SCJN para dar marcha a atrás a la privatización del agua en el estado de Puebla.
VER: Pobladores de Izúcar obligan a edil a presentar controversia contra privatización del agua
La privatización
El Congreso de Puebla había modificado el Artículo 12 de la Constitución para supuestamente establecer como un derecho el “acceso al agua potable”, lo que en realidad sentó las bases para privatizar el servicio en todo el estado.
Se trata de una modificación que parece inofensiva, pues en sus primeras líneas plantea: “Establecer el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.
Sin embargo, al final del párrafo se establece: “El estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”. Es decir, se sientan las bases para que el gobierno del estado tome el control del servicio de agua potable en los ayuntamientos, sin que esta decisión tenga que pasar por los Cabildos.
Aunque el gobernador, Tony Gali se comprometió a no privatizar el servicio. Esta reforma es inconstitucional, pues viola el artículo 115 de la Constitución Federal.