Ante los cobros excesivos y cortes ilegales del suministro del agua, seis familias poblanas interpusieron ante Juzgados Federales un amparo contra la compañía Concesiones Integrales en el que demandan reducir la tarifa y reconectar el servicio de agua potable y drenaje.
Los afectados son capitalinos que viven en los fraccionamientos Héroes de Puebla, Bosques del Pilar y Villas Universidades, así como de las colonias San Pedro y La Libertad.
Agua de Puebla para Todos –nombre comercial de la empresa– cobró por el suministro del líquido a seis familias en más de 30 mil pesos mensuales y les quitó a todos los servicios cuando se venció el término de pago.
En la colonia San Pedro están los casos de Martha Baustista y Gerardo García quienes de pagar un promedio de 600 pesos deben 34 y 37 mil pesos, respectivamente.
Otro de los afectados que interpuso su amparo es Jorge Luis de Colonia Villa Universidades quien tiene un recibo de adeudo por 87 mil pesos.
Los capitalinos acudieron a proceder legalmente en contra de la empresa por la asesoría jurídica de la organización Asamblea Social del Agua (ASA).
José Luis García Bello, representante de esta asociación declaró que estos son los primeros amparos presentados en lo que va del año en contra de la empresa que da el servicio por la privatización que se hizo al servicio desde 2013.
Recordó que en 2016 interpusieron 45 amparos por cobros excesivos y suspensiones ilegales del servicio y que ganaron cada uno de los juicios para que los usuarios pagaran lo justo.
El activista reafirmó su compromiso por defender al agua como un derecho humano y celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitiera las controversias constitucionales que demandan echar abajo la privatización del agua en los 217 municipios.
VER: Admite SCJN seis controversias de alcaldes en contra de la privatización del agua en Puebla
Lo anterior después de que el Congreso de Puebla modificó el Artículo 12 de la Constitución para supuestamente establecer como un derecho el “acceso al agua potable”, lo que en realidad sentó las bases para privatizar el servicio en todo el estado.
Se trata de una modificación que parece inofensiva, pues en sus primeras líneas plantea: “Establecer el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.