Hasta el momento dos presidentes municipales en Puebla ya interpusieron controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revertir la reforma que abre la puerta para la privatización del agua potable en el estado
Los alcaldes de Juan C. Bonilla (PRI) y San Pedro Cholula, demandaron a través de los recursos dar marcha atrás a la reforma constitucional que modifica el artículo 12, que plantea que el estado tome el control del servicio de agua potable en los ayuntamientos, sin que esta decisión tenga que pasar por los Cabildo, e incluso los entregue a la iniciativa privada
CENTRAL hizo una revisión a la página oficial de la SCJN en la que se confirman los juicios enumerados en los expedientes 53/2017, interpuesto por José Juan Espinosa Torres de San Pedro Cholula; 64/2017 y el 62/2017 de Filemón Aguilar García de Juan C. Bonilla.
En el caso de Juan C. Bonilla, el alcalde del PRI, Filemón Aguilar García ha evitado dar un pronunciamiento sobre el tema y la población ha presionado para que rechace la reforma, aunque el Periódico Oficial refiere que los miembros de este Cabildo votaron a favor.
VER: Pobladores de Juan C. Bonilla toman alcaldía en protesta por privatización del agua
A través de las declaraciones a medios regionales se ha dado a conocer que el alcalde de San Gabriel Chilac, Rigoberto David Martínez Rosas y los miembros del Cabildo de Zoquitlán presentaron un juicio en el mismo sentido, aunque el máximo órgano de justicia no reporta documentos al respecto.
También se informó que Víctor Arce, síndico de Coronango interpuso una controversia constitucional, sin embargo la alcaldesa Hermelinda Macoto Chapuli negó que el recurso fuera promovido por el ayuntamiento después de una reunión este martes con el jefe de oficina del gobierno estatal Javier Lozano Alarcón.
En este sentido, los recursos ingresados a la Suprema Corte de Justicia argumentan que con la reforma se viola la autonomía del municipio.
Hay tres amparos ciudadanos
En tanto, existen al menos tres amparos ciudadanos contra la privatización del agua en la entidad.
En entrevista con CENTRAL, Maurilio Galiote Mixcóatl, integrante de Pueblos Unidos Contra la Privatización del Agua (PUCPA) refirió que los recursos ante el Poder Judicial son promovidos por los ejidatarios bajo el argumento de que con esta nueva ley se estarían violando los usos y costumbres de la población indígena para el uso de los recursos hídricos.
En la defensa del agua, adelantó que el próximo 7 de marzo habrá una movilización de pobladores de diversos municipios en el Congreso del Puebla y que entregarán la petición por escrito sobre la derogación de la reforma.
Además el próximo 19 de marzo habrá una asamblea pública en la explanada de Coronango para establecer estrategias de lucha que den marcha atras a la ley.
La privatización
El 26 de enero, CENTRAL advirtió que el Congreso había modificado el Artículo 12 de la Constitución para supuestamente establecer como un derecho el “acceso al agua potable”, lo que en realidad sentó las bases para privatizar el servicio en todo el estado.
Se trata de una modificación al Artículo 12 que parece inofensiva, pues en sus primeras líneas plantea: “Establecer el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.
Sin embargo, al final del párrafo se establece: “El estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”. Es decir, se sientan las bases para que el gobierno del estado tome el control del servicio de agua potable en los ayuntamientos, sin que esta decisión tenga que pasar por los Cabildos.
Esta reforma es inconstitucional, pues viola el artículo 115 de la Constitución Federal que establece que:
Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal (…) La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre ése y el gobierno del Estado”.
Asimismo, se documentó que la Reforma Constitucional fue aprobada gracias a los alcaldes del PRI, pues de los 142 ayuntamientos que la aprobaron, 42 son gobernados por ediles emanados de dicho partido, esto de acuerdo con el Periódico Oficial del Estado de Puebla.
VER: Gracias a los alcaldes del PRI, se aprobó la Reforma para privatizar el agua potable en Puebla