La reforma constitucional que abre la puerta a la privatización del agua potable en todo el estado fue aprobada gracias a los alcaldes del PRI, pues de los 142 ayuntamientos que la aprobaron, 42 son gobernados por ediles emanados de dicho partido, esto de acuerdo con el Periódico Oficial del estado de Puebla.
La declaratoria de constitucionalidad de la reforma a la fracción VI del artículo 12, aprobada por el Congreso local el pasado 6 de enero, al tratarse de una reforma constitucional, necesitaba del aval del 50 por ciento de los ayuntamientos, por lo que el edil de San Pedro, José Juan Espinosa y el coordinador de los regidores del PRI en el estado, Iván Galindo hicieron un llamado para que fuera rechazada al interior del estado.
CENTRAL revisó el Periódico Oficial del Estado con fecha del 27 de enero, en donde se publicó la lista de los ayuntamientos que se sumaron a esta reforma; de los 142 ayuntamientos, 42 son gobernados por alcaldes priistas; 49 son del PAN; seis del Partido Verde y el resto pertenecen al PRD, PT, Movimiento Ciudadano Nueva Alianza y PSI.
La reforma consiste en una modificación al artículo 12 que parece inofensiva, pues en sus primeras líneas plantea: “Establecer el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.
Sin embargo, al final del párrafo se establece: “El estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”. Es decir, se sientan las bases para que el gobierno del estado tome el control del servicio de agua potable en los ayuntamientos, sin que esta decisión tenga que pasar por los Cabildos.
Los únicos municipios que se opusieron fueron San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Libres, Tehuacán, Ocoyucan y Coronango, cuyos alcaldes consideraron que la medida violenta la autonomía municipal. Sin embargo, con el decreto, todos los ayuntamientos tendrán que atenerse a la nueva medida. Al parecer el resto de los Ayuntamientos no hicieron una sesión para tratar el tema.
Alcaldes priistas que la aprobaron
De acuerdo con la revisión realizada por CENTRAL, en la lista de alcaldes del PRI que validaron la constitucionalidad de la privatización del agua se encuentran David Huerta, de Tepeaca; Carlos Alberto Morales, de Huejotzingo; Víctor Gasca Arenas, de Lara Grajales y María del Socorro Canales, de Tepexi de Rodríguez
Esta es la lista completa de los ediles priistas que apoyaron la privatización del agua:
Puebla capital no trató el tema en Cabildo
En el caso de la capital poblana, el dictamen del Congreso no fue turnado a los regidores, quienes acusaron a la Secretaría General del Ayuntamiento de ocultarlo.
En este sentido al no haber debate, el voto de la capital fue descartado, pasando a ser uno de los municipios que no aprobaron la reforma.
Los regidores Myriam Arabian Couttolenc, Esther Gámez Rodríguez, Guadalupe Arrubarrena García, Karina Romero Alcalá e Iván Galindo Castillejos acusaron que el dictamen no fue turnado a los regidores del municipio para hacerse del conocimiento y propiciar el debate, por lo que dijeron “se quedó en lo oscurito”.
Debe ser que los demás ayuntamientos fueron notificados y dieron su punto de vista, nosotros no. Puebla que es el más importante, no se discutió, cuando nos dimos cuenta ya se había avalado, entonces me parece grave porque atenta contra la autonomía de los municipios”, señaló la priista Esther Gámez.
Sin embargo, el secretario General del Ayuntamiento, Mario Riestra señaló que las declaraciones “son mentira” ya que dijo se le notificó al Comisión de Gobernación y Justicia del Cabildo poblano el 13 de enero de 2017.
Por su parte la panista Guadalupe Arrubarrena reconoció que la notificación fue recibida por la Secretaria General del Ayuntamiento, sin embargo, sostuvo que no se les convocó ni se les notificó.
En ese sentido, el regidor del PRI, Iván Galindo propuso ante el pasado viernes que a partir de que se radique una notificación por parte del Congreso al Ayuntamiento de cualquier iniciativa de reforma, e independientemente de la comisión receptora, se convoque a una sesión extraordinaria del Cabildo dentro del lapso de 30 días.
No es posible que la reforma se haya dado en tres semanas, se tiene que agotar y propiciar ampliamente la discusión de todos los ayuntamientos, y muchos municipios estaban a la espera del debate que se diera en Puebla para en función de eso formar un criterio”.
Los regidores Adán Domínguez Sánchez y Silvia Argüello de Julián, también dijeron que no fueron notificados, sin embargo, se escudaron diciendo que no forman parte de la Comisión de Gobernación.