En los próximos días el Congreso de Puebla aprobará la inhabilitación y multa contra el exalcalde panista Lalo Rivera por supuesto desvío de recursos.
Los diputados locales aún definen si la Sesión Extraordinaria será este viernes o si esperarán una semana más.
Pero lo que sí tienen claro es que votarán la inhabilitación del alcalde y una multa por las “irregularidades” en su ejercicio fiscal 2013.
Al principio los legisladores morenovallistas estaban muy convencidos de llegar hasta las últimas consecuencias contra el alcalde de Puebla.
No contaron con que Rivera capitalizaría tan bien el proceso y lo convertiría en una “persecución política” que ha tenido réplica hasta en Reforma.
El morenovallismo no calculó que Lalo —con su triunfo electoral en Quintana Roo y el Estado de México— tiene más contactos y está más visible que nunca.
La estrategia de comunicación que ha manejado, lo ha colocado como un mártir más a quien el gobierno quiere frenar para evitar que se lance como candidato en la elección de 2018.
La mala relación con el exgobernador Rafael Moreno Valle y el tiempo que tardaron en dictaminar su cuenta de 2014 han sido los argumentos perfectos.
Luego de la inhabilitación y multa, Rivera aún tiene pruebas para seguir su caso ante un juez federal.
Sus argumentos son que el Ayuntamiento aún no termina de entregarle la información que necesita para solventar sus irregularidades y que algunos recursos auditados son federales, por lo que le corresponden a la ASF.
En Puebla aún no hay un Tribunal de lo Contencioso Administrativo como primera instancia, porque el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción el Tribunal de Justicia Administrativa Local se creará hasta el primer semestre de este año.
Tendrá que seguir el proceso ante un juez federal y luego con el Tribunal Colegiado de Distrito.
Este proceso lleva tiempo, probablemente se resuelva hasta después de la elección de 2018 y mientras el Congreso está por definir el tiempo de su inhabilitación, que podría llegar a 12 años.
Gane o no, está en riesgo su postulación a la gubernatura de Puebla.
Tal como le interesa al morenovallismo, que tendrá que pagar un precio muy alto ante la dirigencia nacional del PAN, que encabeza Ricardo Anaya.
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