Las dos asociaciones que agrupan a empresas encuestadoras en México manifestaron su indignación por el asesinato de dos jóvenes encuestadores en Ajalpan, Puebla, que realizaban un estudio sobre “consumo de tortillas” y exigieron al gobierno federal seguridad para su personal, así como establecer una mesa de trabajo para coordinar esfuerzos.
“Durante los últimos años hemos visto con preocupación que nuestro personal, que recorre todos los días ciudades y pueblos del país para hacer las encuestas, entrevistas, etnografías y sesiones de grupo que alimentan nuestros estudios, se enfrenta a condiciones cada vez más riesgosas como fruto del clima de inseguridad y violencia que impera en nuestro país”, explican.
En el comunicado, firmado por los presidentes de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación e Inteligencia de mercado (AMAI), Heriberto López Romo y del Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas (CEDE), Rodrigo Galván de las Heras, refieren:
“La noche de ayer en Ajalpan, Puebla dos encuestadores de la empresa Marketing Research & Services fueron asesinados en un linchamiento público. Los hermanos Rey David Copado Molina y José Abraham Copado Molina realizaban una encuesta en la comunidad sobre el consumo de tortillas cuando fueron acusados de ser secuestradores y ejecutados por un grupo de pobladores de la comunidad”.
En el texto dirigido a los gobiernos federal y de Puebla manifestan su profunda indignación por la muerte de ambos enormes y su enorme preocupación por las consecuencias y significado de este tipo de sucesos en su industria.
Tras advertir que la Constitución plantea claramente su derecho al libre tránsito y al trabajo, exigen a las autoridades del municipio de Ajalpan, a los gobiernos de Puebla y federal dos puntos.
Pide que se haga justicia con el crimen cometido en contra de Rey David y José Abraham, se castigue a los culpables del doble asesinato y se indemnice a sus familias.
"La industria de investigación de mercados agrupada en AMAI y CEDE estará pendiente de que se haga justicia y los culpables sean castigados, exigimos ser informados", refieren.
Y demandan que se garantice la seguridad de su personal en el ámbito nacional. y para ello propusieron al gobierno federal el establecimiento de una mesa de trabajo conjunta para coordinar esfuerzos ante esta grave problemática.
La investigación de mercados, medios y opinión pública es una industria clave para el desarrollo del país y es la fuente de trabajo y sustento de más 13 mil familias a nivel nacional, explican.
Además de la inseguridad se quejan de que algunas autoridades criminalizan su actividad. Por ejemplo, en febrero pasado difundieron un comunicado acerca de la publicación de bandos municipales como el difundido por el municipio de Coacalco de Berriozábal, donde la autoridad prohíbe su actividad de pedir información voluntaria y anónima de las personas vía encuestas, asumiendo que se trata de actividades comerciales o de servicios en la vía pública (ambulantaje).