Los vecinos de la junta auxiliar de San Pedro Zacachimalpa retuvieron a miembros de Antorcha Campesina y quemaron una camioneta que era propiedad de los líderes de esta organización. Esto después de que los acusaron de un robo a la escuela primaria Mariano Matamoros.
De acuerdo a los primeros reportes, una mujer y cinco hombres ―entre ellos el líder de la organización en esta zona, Ovidio Celis― entraron a la institución por motivos desconocidos.
En seguida la población los acusó de robar equipos celulares y molestos, los retuvieron, pues ya tenían conflictos con la organización por la invasión de algunos terrenos para construir departamentos.
Al menos dos delegados de la Secretaría General de Gobierno atendieron las quejas de los inconformes. Mientras, los policías estatales y auxiliares lograron rescatar a los antorchistas y remitirlos a las instalaciones de seguridad de Rancho Colorado. Minutos después fueron lliberados.
Antorcha acusa desalojo violento
En su versión de los hechos, la organización antorchista dijo que un "comando armado" del "Sindicato Progresista de Trabajadores Libertad”, dirigido por Rafael Carbarín Ramírez, los desalojó de sus viviendas pues quieren hacerse con estas propiedades.
A eso de las 9:30 de la mañana, un comando armado llegó a los departamentos a desalojar a las familias, en un operativo en el que amenazaron a los colonos con armas de grueso calibre y uso exclusivo del Ejército, ante la mirada pasiva de la policía municipal y estatal", refiere en un boletín de prensa.
En el comunicado, la organización rechazó que ellos invadieran "los departamentos de los que son desalojados" y aseguraron que cada inmueble está "en proceso de compra" y realizando el pago bancario al dueño, el cual se omite su nombre.
Además, condenaron que aunque habían reportado "un problema" desde la mañana, el Gobierno del estado, "no se movió para solucionarlo" inmediatamente.
En 2015, CENTRAL publicó que el gobierno del estado ha tolerado durante 4 años la invasión del Movimiento Antorcha Campesina a un predio valuado en poco más de 49 millones de pesos en el fraccionamiento El Refugio, ubicado en el municipio capitalino. Desde 2011 la administración estatal se ha negado a acatar un total de seis órdenes judiciales para desalojar a las 500 familias antorchistas que ilegalmente se apoderaron de 92 casas y 76 predios para ocuparlos como viviendas.
