La cabeza de Víctor Carrancá como titular de la Fiscalía General de Puebla pendió de un hilo desde el 2 de junio cuando la gobernadora electa Martha Erika Alonso le pidió renunciar si no era capaz de resolver el feminicidio de la candidata del Verde, Juany Maldonado. Hoy su salida se materializa luego de que el gobernador, Tony Gali anunciará que solicitó licencia para separarse del cargo.
El procedimiento a través del cual nombrarán al nuevo fiscal aún no queda claro. El Poder Legislativo, que aún goza de mayoría morenovallista, podría elegir a un nuevo funcionario, o luego de que este día avalen las reformas a la Ley Orgánica de la FGE permitir que Carrancá deje a su sustituto.
Víctor Carrancá fue el único funcionario que duró todo el sexenio de Rafael Moreno Valle y más allá. En 2011 fue nombrado titular de la Procuraduría General del Estado y cuando cambió su nomenclatura a Fiscalía General del Estado, en enero de 2016, recibió la venia para convertirse en el titular de la nueva dependencia hasta 2022.
El primer escándalo que enfrentó cuando asumió la titularidad de la entonces PGJ fue el método de implementar “arraigos domiciliarios” contra presuntos culpables para mantenerlos aislados mientras llevaban a cabo las investigaciones. Muchos de quienes sufrieron este proceso, se dijeron inocentes y narraron cómo sus casos “se cuadraban” para culparlos de ilícitos que no se cometieron. Todo esto se detuvo hasta 2014 cuando fueron decretados inconstitucionales.
De ahí, el cúmulo de escándalos y cuestionamientos a las formas de Carrancá llegaron en cascada y así uno a uno nos enfrentamos a: las investigaciones del Caso Chalchihuapan con pruebas en cabezas de marrano; la liberación del empresario Jorge Aduna, acusado de matar a seis jóvenes; los feminicidios sin resolver como el de Paulina Camargo y Mara Castilla; el auto robo de la bodega de indicios de la Fiscalía; el homicidio de la candidata del Verde, Juany Maldonado; los quemados en ácido en San Andrés Calpan.
También están las investigaciones que nunca avanzaron contra huachicoleros; los detenidos y luego liberados del Operativo Encrucijada; y solo dos pobladores detenidos tras el linchamiento de inocentes en Acatlán de Osorio.
No hay que olvidar los más de 70 crímenes de odio contra mujeres que se han cometido solo en lo que va de este año.
PÁGINA NEGRA presenta este especial para recordar los casos más escandalosos que sufrió Carrancá al frente de la Procuraduría y luego de la Fiscalía de Puebla:
Recién iniciado el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, la dinámica de la entonces Procuraduría General de Justicia era detener primero a los sospechosos, ingresarlos en arraigo a hoteles para ganar tiempo y después cuadrar los casos.
Pero en marzo del 2014 el arraigo fue considerado como anticonstitucional así que los funcionarios al mando de Víctor Carrancá Bourget no pudieron aplicarlo más. Sin embargo, han trascendido casos de tortura brutal ocurrida dentro del Motel Kyoto, uno de los sitios utilizados por la dependencia a inicios de la administración de Moreno Valle, como es el caso de Noé Hernández Hernández que se encontraba desaparecido para su familia pero se encontraba en arraigo domiciliario acusado por un homicidio que no cometió.
El 9 de julio de 2014, policías estatales de Puebla se enfrentaron a pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, tras un operativo de desalojo de la protesta por el retiro del Registro Civil y otras medicaciones a la Ley Orgánica Municipal. En el lugar fue herido de muerte el niño José Luis Tehuatlie.
Pero la entonces Procuraduría General de Justicia, intentó comprobar que fue un cohetón lanzado por los pobladores de Chalchihuapan a través de un peritaje realizado con cabezas de marrano.
El 11 de septiembre de 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación contra el gobierno de Rafael Moreno Valle que precisó la causa de la muerte: el niño José Luis fue alcanzado por una bala de goma que le provocó muerte cerebral.
Ver: CNDH da carpetazo al caso Chalchihuapan
Hasta hoy, los familiares de Marco Antonio Cuautle Cuautle, Román Limón Gómez, Pedro Negrete Orea, Luis Ángel Flores Gutiérrez, Rogelio Rivera Osorio y Bryan Gerardo Torres Sandoval, los seis jóvenes levantados entre el 19 de octubre y el 27 de noviembre del 2015 no reciben información de cuál es el paradero de sus restos.
Al empresario Jorge Aduna Villavicencio se le acusó de ordenar la desaparición de los seis jóvenes quienes asaltaron y supuestamente atacaron sexualmente a una familiar suya.
El empresario gallero fue liberado el pasado 14 de junio del 2017. Hasta la fecha las madres de los desaparecidos no han recibido los exámenes de ADN que confirmarían que la sangre, ropa y los pocos restos encontrados en una de las propiedades cateadas del empresario Jorge Aduna corresponden a ellos.
Ver: Por venganza empresarios mandó a levantar y descuartizar a los jóvenes de Lomas de San Miguel
La noche del 2 de marzo del 2016 una balacera y un levantón masivo ocurrió en un palenque clandestino de Cuautlancingo, dos días después fueron encontrados restos humanos en tambos que contenían ácido en el municipio de San Andrés Calpan y que coincidían con los sujetos secuestrados.
Durante la balacera, un comando armado disparó contra dos personas que habrían resultado muertas y habrían secuestrado al menos 20 personas, de las cuales cuatro ya están identificadas.
Asimismo, se informó que fueron nueve bolsas con restos humanos las que encontraron en 10 tambos, mismas que ya fueron llevadas al Servicio Médico Forense de Puebla (Semefo), pero la dependencia que dirige Carrancá jamás ha presentado avances de los posibles responsables.
Ver: Confirmado: Entambados de Calpan son los "levantados" en el palenque de Cuautlancingo
El director del Departamento de Indicios de la Fiscalía General del Estado, Nahur Hernández Santaella fue detenido el 1 de noviembre del 2017 después de que se le responsabilizó por la desaparición de más de 4 millones de pesos en evidencias, joyas, bolsas de dinero en efectivo, aparatos electrónicos de la bóveda a su cargo.
En un comunicado de la Fiscalía General del Estado se especificó que la suma solamente asciende a 4.8 millones de pesos, y se descartan vehículos entre los artículos robados. Finalmente, los fiscales en la audiencia del nuevo sistema de justicia indicaron que solamente su pudieron comprobar 2.6 millones de pesos como el faltante de la bodega.
En la Franja del Huachicol, se han extendido capos huachicoleros desde la zona de Palmar de Bravo hasta San Martín Texmelucan sin que ninguna investigación en contra de ellos progrese. Y aunque el delito de robo de hidrocarburo es de orden federal, este ha provocado otras variantes.
En la zona colindante de Veracruz y Puebla se mantiene operando Roberto de los Santos, “El Bukanas” cuya banda ahora incursiona en el robo de tractocamiones cargados de mercancía y hasta el robo de trenes con carga. “El Toñín” se mantiene en Palmar de Bravo y Quecholac con el robo de hidrocarburo y tiene propiedades y paso libre por la zona de Tecamachalco. Y en la zona de San Martín Texmelucan opera la banda de “La Negra”, quien ahora se quitó de encima a “Los Villegas” luego de las investigaciones en las que se detuvo a uno de sus líderes.
Sin embargo, en un reporte de PGR publicado ayer por Excélsior. En Puebla fueron detenidas cuatro mil 296 personas, sin embargo, sólo fueron condenadas 21, lo que representa una impunidad del 99.51 por ciento.
El operativo Encrucijada —que se realizó el 9 de marzo en Atzitintla después de la muerte de tres agentes de la Fiscalía de Investigación en Delitos de Alto Impacto (FISDAI), que se encontraban investigando en la zona colindante de Puebla y Veracruz—, provocó la detención de 87 personas, entre ellos el alcalde de Isaías Velázquez Reyes, a quien se le acusó de estar coludido con Los Zetas, en específico con la banda de “Los Bukanas” de Roberto de los Santos de Jesús, y entregar a los agentes ministeriales para que fueran ejecutados por los criminales.
Solo 42 detenidos se mantuvieron presos en el penal de Tepexi y solamente a 22 de ellos, la Fiscalía logró integrar correctamente las carpetas de investigación, aunque actualmente solo restan diez de comprobar su participación en los hechos.
Luis Gabriel Cerqueda, titular del área de la Dirección de Programación de la Fiscalía General del Estado (FGE) fue captado en un video recibiendo dinero de manos de un representante de los propietarios de grúas quienes pagan al funcionario 4 mil pesos —cada uno y a la semana— para mantener el control de los arrastres de vehículos a los corralones de la dependencia.
El video fue captado dentro de uno de los cubículos de la Fiscalía General del Estado y entregado de manera anónima a PÁGINA NEGRA. Según compañeros de Cerqueda, cada semana puntualmente es buscado hasta su oficina en la sede central de Fiscalía por un sujeto llamado Salvador Chaviro quien se dice representante de varias empresas de grúas.
A pesar de que la Fiscalía informó que fue dado de baja, empleados y fuentes de la dependencia confirmaron que el funcionario volvió y fue reinstalado sin que existiera una investigación de por medio.
El miércoles 29 de agosto los vecinos de Acatlán de Osorio lincharon y quemaron vivos a Alberto Flores Morales, de 43 años y Ricardo Flores Rodríguez, de 22, quienes fueron acusados de robarse a dos niños en la comunidad de San Vicente Boquerón. Los vecinos los sacaron de la comandancia, los golpearon y luego les prendieron fuego frente a la Presidencia Municipal.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que al menos 29 órdenes de aprehensión fueron liberadas pero solo se detuvo a Manuel N. y Petronilo N.; de los dos uno de ellos murió por un padecimiento agravado de cirrosis.
El otro sujeto, también fue detenido el viernes 31 de agosto. Se trata de Petronilo N., que ya fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado, daño en propiedad ajena y lesiones dolosas contra funcionarios públicos.
Ver: Queman vivos a dos hombres en Acatlán de Osorio; los acusaron de robachico (VIDEOS)
Karla López Albert
La joven fue reportada como desaparecida el 31 de enero de 2014 en Puebla. Su cuerpo fue encontrado el 7 de febrero de ese mismo año en la delegación Tláhuac, en la Ciudad de México y como probable responsable se detuvo a su pareja, Manuel Forcelledo, quien pagó para que asesinaran a la joven y un bebé que tenía 5 meses de gestación. También se detuvo a Leopoldo Camacho Vázquez, Rodrigo Augusto Solís Cano y Moisés Cordero Hernández; sin embargo, el primero de ellos fue liberado, pues solo fue acusado por falsedad de declaraciones y logró ganar un amparo con el que, tras pagar una fianza, obtuvo su libertad. Hasta la fecha, ninguno de los otros tres detenidos ha recibido sentencia por el feminicidio de Karla López Albert.
VER: Liberan a implicado en el feminicidio de Karla López Albert
Mara Fernanda Castilla
La joven de 19 años y estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) fue presuntamente asesinada por Ricardo Alexis, conductor de Cabify el 8 de septiembre de 2017. El día 12 de ese mismo mes, Ricardo Alexis fue detenido en Tlaxcala y enviado a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla donde fue acusado únicamente por privación ilegal de la libertad, pues el cuerpo de Mara todavía no era localizado.
Fue hasta el 15 de septiembre, saliendo de la audiencia de vinculación a proceso del conductor de Cabify, que se anunció que la joven ya había sido localizada sin vida en los límites de Puebla y Tlaxcala. La Fiscalía anunció que se le imputaría los delitos de feminicidio, robo y violación pero fue el 4 de febrero que se vinculó nuevamente a proceso, solo por el delito de feminicidio.
El Juez de Control ha negado diligencias a la Fiscalía General del Estado por considerarlas impertinentes debido a que no son solicitadas en el tiempo o forma oportuna. Incluso, el abogado de Ricardo ganó un amparo que tiene suspendido el proceso por el delito de privación ilegal de la libertad.
Respecto al feminicidio, el tiempo otorgado para la etapa de investigación complementaria ya concluyó a pesar de que la Fiscalía agotó los meses que por ley tenía para juntar todos los datos de prueba y presentar la acusación contra Ricardo Alexis para enfrentarlo en juicio, situación que no ha pasado.
Paulina Camargo Limón
Quizá este es uno de los casos más polémicos que ha enfrentado el fiscal Víctor Carrancá Bourget pues a pesar de que nunca se localizó el cuerpo de Paulina Camargo y aun así, acreditó el homicidio, ha buscado todos los recursos para evitar que el presunto responsable, Chema Sosa, quede en libertad.
Paulina Camargo desapareció desde el 2015 y el principal sospechoso fue su pareja sentimental, José María Sosa quien fue vinculado a proceso por el delito de homicidio. Tras ganar múltiples amparos por irregularidades en todo el caso y que los datos de prueba presentados por la Fiscalía en contra de Chema Sosa fueron considerados por un Juez Federal ilegales, el joven estaba a punto de quedar en libertad cuando la dependencia anunció que le imputarían el delito de desaparición cometida por particulares. Es decir, la misma Fiscalía acusa al joven de homicidio pero, al no existir ni cuerpo ni datos de prueba en su contra, lo tiene bajo proceso por desaparición.
Minerva Calderón
Minerva Calderón, estudiante de la Universidad Iberoamericana, fue asesinada en marzo de 2017 y a pesar de que el agresor está plenamente identificado e incluso, la Fiscalía encontró indicios en su contra, logró darse a la fuga pues al parecer, no se giró una orden de aprehensión en su contra a tiempo.
José Rodrigo N., sería el presunto feminicida de Minerva Calderón y los familiares de la víctima acusan que está siendo protegido por sus padres, doctores prestigiados del Hospital Ángeles y atribuyen a eso la nula capacidad de actuar de las autoridades. Supuestamente la Fiscalía solicitó la colaboración de las autoridades del resto de los estados para detenerlo, pero hasta la fecha, no se ha logrado.
Tania Verónica Luna
La joven de 21 años, originaria del estado de Veracruz fue asesinada en septiembre de 2016. Luis Humberto Ortega, el responsable de lo ocurrido, fue detenido y con recursos legales logró retrasar por más de un año el juicio donde se desahogarán todas las pruebas en su contra. Aunque el pasado 2 de febrero la Fiscalía logró obtener fallo condenatorio en su contra; es decir, demostrar su culpabilidad, hasta el momento se está a la espera de que Luis Humberto reciba una sentencia.
Lili Marlen Guevara
Lili Marlen Guevara de 27 años de edad fue asesinada en julio de 2016. David Lobato, el presunto responsable del feminicidio de la joven fue detenido casi dos meses después y aunque se encuentra en la cárcel, el hombre solo está vinculado a proceso por el delito de robo y privación ilegal de la libertad. Robo porque a David le encontraron en su casa una pantalla de plasma, teléfono celular, una cobija y un automóvil, todo propiedad de la víctima.
La mamá de la joven no cuenta con un abogado particular ni de oficio, solo está a la espera de lo que los agentes del Ministerio Público encargados del caso le comentan. Aprovechando que no es acusado ni de homicidio ni feminicidio, el abogado de David Lobato le ofreció “una salida alterna” en la que puedan reparar el daño.
En junio de 2016, 11 personas fueron asesinadas en la comunidad de San José Mirador, en el municipio de Coxcatlán. Entre los muertos hubo 5 mujeres, 4 hombres y 2 niños. Adán sería el responsable de los hechos pues su expareja sentimental y madre de su hijo salió con otra persona a pesar de que él se lo prohibió. Por ello, decidió cobrar venganza y mató a toda su familia. Sin embargo, hasta la fecha la única persona detenida por lo ocurrido es Carlos Martínez Alva. La familia de las víctimas denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya dio “carpetazo” a la investigación.
VER: Autoridades ya dieron carpetazo a la Masacre de Coxtcatlán: familiares
La profesora Patricia Mora fue asesinada en noviembre de 2017 en Zacapoaxtla y tras presión de su familia y de los pobladores del municipio, la Fiscalía General del Estado (FGE) logró detener a tres presuntos responsables. Los detenidos fueron vinculados a proceso por el delito de feminicidio y permanecen en la cárcel; sin embargo, el tiempo de investigación complementaria para aportar los datos de prueba en su contra ya concluyó y hasta el momento se desconoce su situación. Además, es importante mencionar que primero se realizó la detención de dos de ellos entre los que se encuentra un menor de 16 años. El tercer hombre fue detenidos días después debido a la presión de los familiares quienes aseguraban, que ya estaba plenamente identificado.
VER: Familiares de Patricia Mora exigen que Fiscalía no de carpetazo al caso
La hija del líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes UPVA 28 de Octubre, Rubén Sarabia mejor conocido como “Simitrio”, fue asesinada el 29 de junio de 2017 al interior de las oficinas de la organización ubicadas en el Mercado Hidalgo. Tras lo ocurrido fueron detenidos cuatro comerciantes del Mercado Unión, quien supuestamente serían los responsables de lo ocurrido pero en abril de este año, la Fiscalía Especializada en Secuestro y Delitos de Alto Impacto anunció la detención de dos implicados en el homicidio, entre ellos, menor de 17 años de edad con dos meses de embarazo.
Pero fue la propia dependencia quien informó que los responsables pertenecen a una banda de más de seis personas provenientes del Estado de México y hasta la fecha, se desconoce quién habría dado la orden de ejecutar a Metzli y quien disparó contra ella pues al parecer, cada uno tenía funciones específicas.
VER: Detienen a dos atacantes de Meztli Sarabia; entre ellos, una menor de edad embarazada
El 1 de junio fueron ejecutadas Juany Maldonado, candidata a la diputación local por el Distrito 2 del Partido Verde Ecologista y su compañera militante, la regidora Erika Cázares.
El hecho provocó que la cabeza del fiscal Víctor Carrancá Bourget fuera solicitada por la entonces candidata a la gubernatura de la coalición Por Puebla al Frente, Martha Erika Alonso Hidalgo.
Hasta el momento, los avances del caso han sido prácticamente nulos. Solamente existen cuatro detenidos identificados como Bernardino N., Marcelino N., Humberto N., y Fernando N. quienes fueron detenidos en flagrancia por la Policía Federal al momento de que intentaron robar un camión en un camino vecinal entre Venta Grande y Huauchinango. Pero no se les ha involucrado fehacientemente.
