Pablo Morales Ugalde, ex alcalde de Palmar de Bravo también desvió recursos de las cuentas municipales a personas ligadas a la compra-venta de combustible robado, según reveló la Procuraduría General de la República (PGR) este miércoles.
El ex edil fue detenido el pasado 5 de julio en un operativo conjunto entre la SEIDO, la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Marina.
Este 11 de julio el ex alcalde quedó vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, al establecer que desplazó grandes cantidades de dinero en cuentas bancarias de su hija y un empleado por la venta de gasolina robada.
Sin embargo, dentro de la acusación la PGR detalló a través de un comunicado que Pablo Morales Ugalde también uso recursos públicos para desviarlos a cuentas de particulares, quienes recibían dinero vinculado con la venta ilegal de combustible robado
El Juez de Control consideró que el imputado desvió recursos de las cuentas del municipio a diversos instrumentos financieros de terceras personas, quienes además, recibieron depósitos millonarios de recursos que muy probablemente estén vinculados con la venta ilegal de combustible en la zona, cuyo origen ilícito, hasta este momento, su defensa no pudo desvirtuar.
La dependencia informó también que, por razones de seguridad, Morales Ugalde debe permanecer en prisión durante el plazo que dure la investigación complementaria, el cual será de tres meses, por lo que concluirá el 10 de octubre de 2017.
Finalmente detalló que la defensa del ex alcalde solicitó un plazo de 144 horas para ofrecer pruebas.
El 25 de mayo El Universal dio a conocer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Procuraduría Federal de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) investigan a cuatro ediles municipales poblanos por el robo, compra y venta de combustible en Puebla.
Los ediles indagados son Néstor Camarillo, de Quecholac; Inés Saturnino López Ponce, de Tecamachalco; Pablo Morales Ugalde, de Palmar de Bravo, y Antonio Aguilar, de Acajete.
Esta investigación se sumó a la del pasado 14 de marzo, cuando la Secretaría General de Gobierno confirmó que la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal tenían en la mira a los presidentes municipales de Acajete, Acatzingo, Tepeaca, Quecholac, Esperanza, Ciudad Serdán, Huixcolotla, Felipe Ángeles y Palmar de Bravo, por tolerar y hasta proteger a las bandas del crimen organizado dedicadas al robo de combustible en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Desde entonces, se sospechaba que utilizaba gasolina robada, por lo que la federación en conjunto con el estado inició las indagatorias. Pablo Morales Ugalde no pudo comprobar el manejo de 20 millones de pesos, fondos que no cuadraban con sus gasolineras.