Delincuencia

Alcaldes de Quecholac y Tepeaca confirman investigación en su contra por huachicol; Palmar admite que tiene gasolineras

- Foto: Especial / Central

Tres de los nueve alcaldes que están en la mira de las autoridades por permitir o dedicarse al robo de hidrocarburo, negaron estar implicados en este delito y se dijeron dispuestos a que la Secretaría General de Gobierno los investigue para deslindarlos

Por Edmundo Velázquez / @mundovelazquez

/ Puebla, Puebla

Los alcaldes de Quecholac y Tepeaca, Néstor Camarillo y David Huerta confirmaron que la Secretaría General de Gobierno (SGG) tiene abiertas investigaciones en su contra por posibles nexos con bandas de robo de combustible a Pemex. Mientras que el edil de Palmar de Bravo, Pablo Morales confesó que en efecto es dueño de dos gasolineras en la zona.

Los tres ediles, quienes este día asistieron al evento en el que el gobernador de Puebla, Tony Gali lanzó el operativo Puebla Segura se dijeron dispuestos a ser investigados y por supuesto negaron estar relacionados con el delito del huachicol.

PÁGINA NEGRA informó el pasado 14 de marzo que existe una investigación en contra de los presidentes municipales de Acajete, Antonio Aguilar Reyes (PRD); Carlos Alejandro Valdés Tenorio (PRI), de Acatzingo; David Huerta Ruiz (PRI), de Tepeaca; Néstor Camarillo Medina (PRI), de Quecholac; Eduardo Barojas Huerta (MC), de Esperanza; Juan Navarro Rodríguez (PRI), de Ciudad Serdán; Filomeno Cruz Gutiérrez (PRD), de Huixcolotla; Leonardo Gómez Octaviano (PVEM), de Felipe Ángeles y de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde (PSI), por tolerar y hasta proteger a las bandas del crimen organizado dedicadas al robo de combustible en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

VER: #AlcaldesHuachicoleros: Nueve ediles de Puebla en la mira por nexos con el robo de hidrocarburo y crimen organizado

El edil de Quecholac, Néstor Camarillo, dijo que en efecto la investigación se realiza desde el año pasado y ya están advertidos de la situación.

El que nada debe, nada teme. Sabemos de la investigación, nos lo dijo Diodoro Carrasco en noviembre del 2016 y pues la situación se está investigando y está bien. Estamos tranquilos".

En entrevista por separado el edil de Tepeaca, David Huerta dijo que en su caso la investigación corre desde 2014, y dijo que no solo a él sino a otras autoridades que están involucradas en el servicio público:

Desde 2012 comenzó a incrementarse el robo de combustible, nosotros llegamos con ese problema en 2014 y desde septiembre fuimos el primer ayuntamiento que solicitó la intervención del Ejército. Yo tengo información que desde que entramos hay una carpeta de investigación, no solo con los presidentes de esta zona que les estoy comentando, sino por donde pasan los ductos. Y no solo para alcaldes, sino para varios funcionarios públicos”.

El más renuente a hablar del tema fue el edil de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, quien acorralado por la prensa tuvo que admitir que es dueño de dos gasolineras pero dijo que obtiene el combustible lícitamente.

Morales Ugalde dijo que la SGG o en su caso la Fiscalía General del Estado están en su derecho de investigar y que, “siempre se ha dedicado a los negocios lícitos”.

La noche del jueves 9 de marzo fue detenido el alcalde de Atzitzintla, José Isaías Velázquez, junto con 86 personas más en el operativo Encrucijada, acusado por ordenar que cinco de sus policías municipales entregaran a los agentes de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestros y Delitos de Alto Impacto (FISDAI) que después fueron ejecutados en Esperanza.

El sábado 11 de marzo el edil y los cinco policías fueron ingresados al penal de Tepexi de Rodríguez acusados por detener a los agentes Oscar Tecuapacho, Luis Falcón y Manuel Santos, quienes fueron entregados a “Los Bukanas”, una banda ligada a Los Zetas.

Esto lanzó una advertencia para el resto de alcaldes por permitir el paso de huachicoleros en sus municipios, almacenar o utilizar gasolina robada para autos oficiales, cobrar derecho de piso y ordenar a sus policías no atender reportes por robo de hidrocarburo con el pretexto de que es “peligroso”.

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