Después del intento de desalojo ocurrido la tarde del pasado viernes 27 de octubre, en Villas de Periférico, las familias afectadas acusaron a Hugo López Chargoy, Ana Lilia y Arturo Bazán por fraude.
Hacemos responsable a Hugo López Chargoy de lo que pueda llegar a pasar a niños, personas de la tercer edad, adultos mayores y discapacitados, denunciaron.
Representados por el abogado Hilario Gallegos Gómez, dijeron que Ana Lilia y Arturo Bazán son representantes de las fundaciones fantasmas que han comercializado de manera ilegal los departamentos que habitan. Fue hasta el viernes 27 de octubre cuando se enteraron que ellos no eran los propietarios. Sin embargo, aseguraron que Hugo López Chargoy, quien ordenó el desalojo, tampoco ha acreditado la propiedad.
Las 70 familias que se encuentran habitando esos departamentos pagaron aproximadamente 200 mil pesos por cada uno de ellos, a pesar de que tenían un valor aproximado de 500 mil, pero no cuentan con los servicios necesarios para poder ser habitados.
Sobre los hechos, demandaron que fueron alrededor de 30 personas que portaban armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano. Dijeron que también llevaban drogas. Les fueron encontrados uniformes exclusivos de la Procuraduría General de la República (PGR), identificaciones falsas, grandes cantidades de dinero en efectivo y viajaban a bordo de vehículos robados. Pero aseguraron que toda esta información fue ocultada por la Fiscalía General del Estado (FGE) quien, hasta el momento, no ha emitido ningún boletín oficial sobre los hechos.
También comentaron que las 30 personas eran resguardadas por elementos de la Policía Municipal que viajaban a bordo de la patrulla 225. El enfrentamiento comenzó cuando elementos de la Policía Estatal y agentes ministeriales llegaron para apoyar a los vecinos.
Por último, aclararon que ya existe una carpeta de investigación por los hechos ocurridos y que Fiscalía deslinda de toda responsabilidad a Hugo López Chargoy, Ana Lilia y Arturo Bazán por lo que acusaron “posible complicidad de funcionarios de la Fiscalía General del Estado”.
El saldo fue de 23 personas detenidas y aseguraron que pertenecen a un grupo de crimen organizado pero “se mantiene en opacidad la información (..) hay temor de que la Fiscalía quiera ocultar las evidencias”.