La organización nacional México Evalúa y el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) están en contra de revertir el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el país, pues consideraron que si no funciona correctamente es porque las procuradurías y policías carecen de capacidades de investigación para llevar a los criminales ante la justicia, además de que no están correctamente coordinadas.
Esto sucede luego de que el gobernador de Puebla, Tony Gali impulsara junto con sus homólogos de todo el país una reforma al sistema de juicios orales para evitar que los delincuentes salgan libres solo pagando una fianza. La propuesta es modificar el artículo 19 de la Constitución para ampliar los delitos que merecen prisión preventiva.
VER: Tony Gali une a 31 gobernadores para lograr reforma al nuevo Sistema Penal
Sin embargo, Edna Jaime, directora General de México Evalúa y el CIDAC consideró que no es esta la solución y que su ineficiencia es culpa tanto de gobiernos federales como locales:
Estamos viendo que la adecuada operación del sistema de justicia penal va a requerir más tiempo y que todavía necesita de reformas para garantizarla, pero ya han surgido propuestas legislativas que pretenden endurecer las normas procesales del sistema acusatorio en busca de una mayor eficiencia en la persecución delictiva, y representarían una contrarreforma. No podemos dejar que esto suceda, dijo según un boletín enviado a los medios de comunicación.
Destacó también la ausencia de esfuerzos de mejora continua con el objetivo de consolidar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, así como la falta de coordinación y planeación integral en la operación del mismo, tanto en el ámbito federal como en el local.
Es importante resaltar que hemos detectado grandes variaciones en la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio entre entidades. Esto significa que, con voluntad política, se puede avanzar en su consolidación.
Advirtieron que la iniciativa legislativa que plantea retrocesos en las normas y principios del Sistema de Justicia Penal Acusatorio conlleva el riesgo de una contrarreforma penal.
Pese a la percepción generalizada que pone en duda la efectividad del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la evidencia indica que las bajas capacidades y condiciones para la operación que tienen las policías y procuradurías son responsables de gran parte del problema.
CIDAC propone una “Estrategia para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio” que incluye la creación de una instancia técnica interinstitucional y nacional.
No obstante, para alcanzar el nivel óptimo en la operación del sistema de justicia, es necesario que se lleven a cabo distintos esfuerzos de política pública. Con este objetivo, CIDAC plantea una Estrategia para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio que incluye las siguientes acciones:
1. Creación de una instancia técnica interinstitucional y nacional: dicha instancia debe estar conformada no sólo por representantes de los tres poderes de gobierno sino también por funcionarios de instituciones que, hasta ahora, no han jugado un rol relevante en la implementación del sistema, como las defensorías, los poderes judiciales locales y el sistema penitenciario
2. Atención a los vacíos y las brechas del proceso de implementación: Se debe fortalecer las unidades de seguimiento a medidas cautelares a nivel estatal y federal e integrar el sistema penitenciario en el proceso de implementación de la reforma penal.
3. Planeación integral para la mejora continua: Una planeación coordinada debe coadyuvar a la articulación y ejecución de las políticas públicas sectoriales con un enfoque sistémico.
4. Aprobación de las reformas legislativas pendientes: es necesario aprobar las modificaciones legislativas para corregir las deficiencias en materia de prisión preventiva de oficio y vinculación a proceso, así como para resolver las contradicciones con el régimen de excepción para delincuencia organizada.
5. Creación de mecanismos homologados de evaluación: Se deben generar mecanismos de seguimiento y evaluación institucionalizados homologados a nivel nacional.
6. Implementación de un servicio profesional de carrera en la práctica: La cantidad de personas capacitadas durante los años de implementación de la reforma resultará irrelevante si no se garantiza la profesionalización y especialización de estos operadores.