El Ayuntamiento de San Pedro Cholula votó en contra de la reforma constitucional aprobada en el Congreso de Puebla para permitir al gobierno del estado operar y privatizar el servicio de agua potable en los 217 municipios. Así lo informó el alcalde José Juan Espinoza Torres, quien alertó al resto de los ediles para que antes del 6 de febrero sus Cabildos voten en contra y así detengan la privatización.
El 26 de enero, CENTRAL publicó que el Congreso de Puebla aprobó la primera semana de enero una reforma al artículo 12 de la Constitución, supuestamente para establecer como un derecho “el acceso al agua potable”, pero que en realidad sienta las bases para la privatización del servicio.
Dado que se trata de una reforma constitucional, necesita de la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos, pero el tema se ha tratado con sigilo para evitar que los Cabildos de los 217 municipios se pronuncien, ya que si no lo hacen se “entenderá que lo aprueban”.
Espinoza Torres acudió esta tarde al Congreso de Puebla, para notificar oficialmente que su Cabildo rechazó la reforma constitucional.
El presidente municipal de San Pedro Cholula, hizo un exhorto a sus homólogos para rechazar la propuesta.
Hemos hecho una invitación a los presidentes municipales a que revisen el contenido de la reforma, a que no se dejen sorprender. Es muy claro que el estado es quien quiere intervenir en la participación del servicio. Hay una trampa”.
José Juan Espinosa declaró que el pasado jueves recibió la notificación de la ley a pesar de que esta fue aprobada por los diputados locales el viernes 27 de enero.
De esta manera dijo que está en riesgo que se “den actas de cabildo falsas” y que las legislaciones se hagan sin que se enteren los ciudadanos.
El alcalde de Cholula refirió que de acuerdo a versiones periodísticas más de 170 Ayuntamientos desde su Cabildo han aprobado esta propuesta, sin embargo, existe inquietud en el tema pues el Ayuntamiento de Puebla no ha votado la iniciativa.
La capital poblana no ha sesionado. Nos genera inquietud (…) de concretarse la reforma, los órganos desconcentrados de agua desaparecerán”.
Espinosa declaró que la nueva ley pretende enmendar los vacíos legales que se dieron en 2013 con la Ley de Aguas de Puebla que permitió a la comuna de la capital entregar a la firma conocida como Concesiones Integrales tener el control de las cuotas y el servicio hídrico.
Por tanto, declaró que los ayuntamientos deben estar a cargo del servicio de agua y que los comités ciudadanos deben desaparecer, cómo lo hizo el año pasado en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan.
¿De qué trata la reforma?
Se trata de una modificación al artículo 12 que parece inofensiva, pues en sus primeras líneas plantea: “Establecer el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.
Sin embargo, al final del párrafo se establece: “El estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”. Es decir, se sientan las bases para que el gobierno del estado tome el control del servicio de agua potable en los ayuntamientos, sin que esta decisión tenga que pasar por los Cabildos.
Esta reforma es inconstitucional, pues viola el artículo 115 de la Constitución Federal que establece que:
Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal (…) La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre ése y el gobierno del Estado”.
Pero no todo está perdido, quedan algunos días aún para que esta reforma sea rebotada, sin embargo el panorama es difícil. Al tratarse de una reforma constitucional, necesita de la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos, pero la reforma se ha tratado con sigilo para evitar que los Cabildos de los 217 municipios se pronuncien.
El artículo 141 de la Constitución señala que si pasa un mes sin que los ayuntamientos emitan una postura, se “entenderá que la aprueban”.