A pesar de que este cinco de mayo entrará en vigor la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información en Puebla, el gobierno, el Congreso, los partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y todos los demás sujetos obligados tendrán hasta seis meses para acatar las nuevas disposiciones del ordenamiento.

Así quedó establecido en el noveno transitorio de la nueva ley presentada hoy por los partidos políticos del Congreso de Puebla, excepto PRI y Verde, y el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle.

Los sujetos obligados cuentan con un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, para cumplir con las obligaciones de transparencia referidas en el Título Quinto de la presente Ley. Lo anterior siempre y cuando no exista disposición en contrario emitida por el Sistema Nacional”.

Esta nueva propuesta, que es una homologación de la ley federal, incluye como nuevos  sujetos obligados a los fideicomisos y fondos públicos, cualquier persona física, moral o sindicato que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, así como de los partidos políticos.

Dentro de los transitorios también se establece que las nuevas obligaciones de la ley aplicarán solo para la información que se genere a partir de su publicación, es decir a partir del 5 de mayo, sin embargo así está establecido también en la ley federal.

Es importante mencionar que Puebla será de los últimos estados en homologar la ley con la que está a nivel federal, pues el legislador Marco Rodríguez Acosta del PSI había presentado una propuesta pero resulto un plagio de la de Coahuila.

Nuevo Instituto de Transparencia y elección de comisionados

El nuevo ordenamiento establece la creación de un Instituto de Transparencia, Acceso a la Información pública y Protección de Datos Personales, que sustituirá a la actual Comisión para el Acceso a la Información Pública.

El ordenamiento  refiere que el Congreso del estado será el encargado de seleccionar al menos tres comisionados, por lo que la convocatoria será lanzada durante la tercera semana del mes de octubre de cada año par, en la que se establecerá las bases correspondientes para allegarse de propuestas de candidatos a Comisionados, mismos que no serán reelegidos.

No obstante, los transitorios señalan que los actuales comisionados pasarán automáticamente a formar parte del Instituto.

La propuesta tendrá que ser pública, abierta y se deberá difundir a la población, organizaciones no gubernamentales, centros de investigación, colegios, barras y asociaciones de profesionistas, instituciones académicas y medios de comunicación, para establecer los plazos, lugares y horarios de presentación de las propuestas, los requisitos y la forma de acreditarlos.

Poblanos conocerán detalles de Fideicomisos  

En el artículo 91 de la iniciativa, se establece que los fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, deberán publicar, difundir y mantener actualizada y accesible la siguiente información:

El nombre del servidor público y de la persona física o moral que represente al fideicomitente, al fiduciario y al fideicomisario; la unidad administrativa responsable del fideicomiso; el monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitido, distinguiendo las aportaciones públicas y fuente de los recursos, los subsidios, donaciones, transferencias, excedentes, inversiones realizadas y aportaciones o subvenciones que reciban”-

Además de los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos públicos del  fideicomiso, así como los honorarios derivados de los servicios y operaciones que realice la institución de crédito o la fiduciaria.

En Puebla está constituido un fideicomiso con la empresa de Pedro Aspe, Evercore, el cual recauda los recursos del Impuesto Sobre la Nómina para que sean utilizados en el pago de los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS).

Al fin la Comisión de Derechos Humanos publicará su información

La nueva Ley de Transparencia convierte a la Comisión de Derechos Humanos en un sujeto obligado, por lo que esta Comisión deberá transparentarse y rendir cuentas a los ciudadanos.

La Comisión, de acuerdo con el nuevo ordenamiento,  tendrá que transparentar el estado que guardan las cárceles estatales, así como las sanciones, recomendaciones, cumplimiento y desahogo de pruebas, tal  como se establece n la ley federal.