Sunday, 28 de April de 2024

Política

Congreso local traba Ley de Transparencia en Puebla: ONG

- Foto: Especial

La asociación Nodo por la Transparencia acusó que el Congreso local ha hecho caso omiso al diagnóstico que les fue entregado a los diputados, el cual identifica 34 temas que deben ser considerados puntualmente para la armonización de la ley

Por Edmundo Velázquez / @mundovelazquez / / Puebla, Puebla

A cien días de que venza el plazo para armonizar la Ley General de Transparencia con la legislación local, el Congreso del estado de Puebla ha hecho caso omiso a las organizaciones especialistas que han urgido entablar discusión sobre el tema antes de que sea aprobada una ley al vapor.

Rafael Hernández García Cano, integrante del Nodo de Transparencia, mencionó que llevan  dos meses solicitando al Congreso abrir el debate y denunció que están cayendo en prácticas dilatorias para que los ciudadanos no accedan a la información. 

El Nodo por la Transparencia, integrado por distintos organismos especializados en el tema, como la Asociación Mexicana de Acceso a la Información (AMEDI), México Infórmate, Puebla Vigila, entre otros, destacó que quedan cien días para que el Congreso cumpla con la ley, toda vez que el 5 de mayo vence el plazo para realizar las modificaciones a las que obliga la Ley General.

Hasta la fecha estados como Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Oaxaca, Querétaro y Tabasco son los únicos que han implementado las leyes locales. Sin embargo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han impugnado las leyes de Querétaro y  Tabasco debido a que sus aprobaciones se dieron en contra el derecho de acceso a la información.

El pasado 19 de noviembre, el Nodo de Transparencia entregó al Congreso local un documento con un diagnóstico que identifica 34 temas que deben ser considerados puntualmente para una armonización que se ajuste a la reforma constitucional de 2013 y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobada en 2015.

Entre las observaciones se encuentra  incluir a los fideicomisos y fondos públicos, sindicatos, organizaciones civiles, personas físicas o morales que reciban recursos públicos o emitan actos de autoridad como sujetos obligados directos de la ley así como derogar la prohibición de reserva en caso de violación a derechos humanos y casos de corrupción.

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