Tras una auditoria, el gobierno del Estado de México resolvió sancionar a la empresa OHL con una multa de 38.3 millones de pesos por su concesión del Viaducto Elevado Bicentenario.
En un comunicado difundido este lunes 22 de agosto, al gobierno estatal indicó que “el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Auxiliares y Conexos del Estado de Mexico (SAASCAEM) informó que, tras la revisión exhaustiva a la notificación de los hallazgos sustentados, se definió el monto de las multas aplicables”.
Sin embargo, las autoridades no precisaron cuáles fueron los hallazgos de la auditoría realizada por Pricewaterhouse Cooper’s que motivaron la multa.
OHL respondió en un comunicado que “la auditoría realizada a dependencias del Estado de México concluye que la actuación de OHL México está dentro de la legalidad”.
La compañía reconoció que falta documentación de obras realizadas por 37 millones de pesos, pero ofreció poner a disposición de las autoridades la “información necesaria para aclarar cualquier duda sobre esta cifra”.
“También se señala una observación respecto al incremento en la inversión reconocida realizada en el sistema de peaje por 197 millones de pesos. Esta situación se relaciona con un ajuste a los precios unitarios que estaba pendiente de resolverse. Sin embargo, fue solventada y concluida este año; lo cual no fue considerado por la auditoría”.
En mayo de 2015, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, ordenó suspender indefinidamente el aumento en las tarifas de peaje del Viaducto Elevado.
“Primero OHL tiene que comprobar que está cumpliendo debidamente sus obligaciones en términos del título de concesión y además debe transparentar sus actos y rendir cuentas respecto a los hechos recientes”, indicó el gobernador en ese entonces, de acuerdo con un comunicado emitido la tarde de este domingo 10 de mayo.
Antes, la Contraloría del Estado de México informó que investigaría y auditaría el contrato que el gobierno otorgó a la empresa OHL para construir el Viaducto Bicentenario, después que la compañía se vio involucrada en una polémica por el presunto cobro de sobrecostos en la construcción de dicha obra.
El gobernador explicó que se pediría apoyo a la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso estatal, a la organizaciónTransparencia Mexicana y al despacho Pricewaterhouse Coopers (PWC).