Ahogado el niño, a tapar el pozo. El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle envió un oficio al Congreso del Estado para solicitar a los diputados locales que abroguen la llamada #LeyBala que él mismo presentó y que aprobaron apenas el pasado 19 de mayo.
Esto sucede luego de que el sábado falleció el niño de 13 años, José Luis Tehuatlie Tamayo, muerto por una bala de goma en la cabeza lanzada por los granaderos en el operativo del pasado 9 de julio para despejar la Puebla-Atlixco. El gobierno de Puebla se ha empeñado en mantener la versión de que el niño fue herido de muerte por un cohetón.
Este el primer paso atrás que da Moreno Valle en el caso Chalchihuapan, pues desde la aprobación de la Ley Bala y, a pesar de sus consecuencias fatales, el gobierno morenovallista y los legisladores afines al Ejecutivo declararon una y otra vez que la nueva ley tenía el objetivo de proteger los derechos humanos de los manifestantes y corporaciones policiacas.
De acuerdo con el orden del día, que se puede consultar en la página web del Congreso, la solicitud está enlistada en el punto 16 y será discutida hoy 22 de julio en la Sesión Ordinaria:
“Lectura del oficio SGD/0120/2014 del Ciudadano Luis Maldonado Venegas, Secretario General de Gobierno, quien por acuerdo del ciudadano Rafael Moreno Valle Rosas, gobernador Constitucional del Estado, remite iniciativa de decreto por virtud de la cual se Abroga la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que regula el Uso legítimo de la Fuerza por pare de los elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla”.
A través de un comunicado de prensa enviado ayer por la noche, la fracción parlamentaria del PAN, dirigida por Jorge Aguilar Chedraui, presenta una postura contradictoria, pues a pesar de que defienden la constitucionalidad de la ley, se pronuncian a favor de su abrogación.
La polémica #LeyBala
El 19 de mayo el Congreso local aprobó con 32 votos a favor 5 en contra—dos del Partido del Trabajo, dos de Movimiento Ciudadano y uno del Partido Verde—la “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado”.
El dictamen, publicado al otro día por el legislador del PAN, Francisco Rodríguez, avalaba el uso de armas de fuego por parte del gobierno del estado para dispersar manifestaciones.
La medida fue criticada por medios nacionales e internacionales, e incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos amagó con impugnar la llamada #LeyBala.
Por esta razón, el 21 de mayo el gobierno de Rafael Moreno Valle violó el proceso legislativo y publicó en el Periódico Oficial del Estado una versión diferente de la #LeyBala a la aprobada por el Congreso local, en la que se borró el artículo en el que se permitía el uso de armas de fuego contra manifestaciones.
Aunque en el dictamen final se seguía permitiendo el uso de armas no letales contra manifestaciones y se establecía un protocolo para clasificarlas por su peligrosidad.
Los diputados defendieron #LeyBala
Apenas la semana pasada el diputado panista, Francisco Rodríguez Álvarez defendió a capa y espada la #LeyBala pues declaró que en el ordenamiento en ningún momento se permite el uso de balas de goma contra manifestaciones.
Ayer por la noche, a través de un comunicado de prensa, la fracción parlamentaria del PAN que encabeza Jorge Aguilar Chedraui envió un comunicado contradictorio, pues aunque defienden la constitucionalidad de la Ley, aprueban su abrogación.
“La ley vigente está apegada a tratados internacionales para proteger los derechos humanos, la cual contiene recomendaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja, y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien reiteró que no tiene vicios de inconstitucionalidad en la materia”.
“La fracción panista, comprometida con la sociedad, ha decidido enriquecer la disposición legal para seguir garantizando el respeto a los derechos humanos, a las autoridades y preservar la paz social. Sus integrantes buscan construir una norma con el consenso de los distintos sectores sociales, que contribuya a fortalecer el estado de derecho y proteger la integridad de todos los poblanos”, señala el posicionamiento del PAN.