El asesinato del niño de 13 años de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, por la herida mortal de un proyectil que fue disparado por la policía del gobierno de Puebla, marcó un antes y un después para la entidad y la administración de Rafael Moreno Valle Rosas, quien hasta antes de esta crisis parecía andar de prisa y sin obstáculos a la candidatura presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), pero que luego polarizó a la sociedad poblana, le acarreó gran desprestigio, fama de “represor” y disparó las agazapadas protestas, a poco más de tres años de gobierno.
El caso, que al gobierno del estado significó una controversial recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la que aún no se cumple a cabalidad; el repudio y manifestaciones locales, nacionales e internacionales, tiene todavía el amago de traducirse en procesos legislativos, penales y políticos contra el habitante de Casa Puebla y varios de sus funcionarios de gabinete, luego de que en las dos cámaras del Congreso de la Unión están congeladas, pero pendientes, demandas incluso de que intervenga la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El caso Chalchihuapan ha dejado una Puebla diferente: voces “políticamente correctas” fueron omisas y con complacencia evitaron la crítica hacia el mandatario panista; grupos opositores por causas distintas se unieron ante la “ola de represión y criminalización de la protesta” y se desató una andanada de aprehensiones “políticas”, que hoy ya llegan a 46, de acuerdo con las cuentas de los activistas, las que se suman a los 126 presos de conciencia que han sido encarcelados en lo que va del sexenio morenovallista.
En la lista figuran autoridades auxiliares, líderes campesinos y sociales, opositores a obras, defensores de los derechos humanos y críticos de la administración .
En la arena mediática la división se dio también entre el silencio de unos, la defensa a rajatabla de otros, la ceguera de la televisión al caso y la información puntual de algunos informativos, incluidos por los voceros oficiales en la “lista de opositores”.
La Puebla distinta se reflejó también en las redes sociales y en las calles, en donde el respeto y reverencia a la investidura gubernamental quedó abollada, sin la consistencia de antes.
Chachihuapan llevó a la modificación del contrato social entre autoridades y gobernados, entre opositores y “represores”, entre el ayer y el hoy local.
La polarización intermitente que en Puebla vivía la sociedad –tras la llegada de Moreno Valle Rosas al gobierno en enero de 2011–, los agentes políticos, los partidos y los medios de comunicación, hasta antes del caso, se definió en absoluto por Chalchihuapan, en donde el 9 de julio de 2014 los habitantes de la junta auxiliar cerraron la carretera Puebla-Atlixco, a la altura del kilómetro 14, para demandar, entre otras cosas, que no les fuera retirado el Registro Civil.
El saldo rojo de aquel día: la herida mortal y el fallecimiento 10 días después del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, además un centenar de heridos, entre policías y manifestantes.
La mentira oficial Luego de meses de forcejeos jurídicos y mediáticos, en los que el gobierno del estado mintió sobre la causa de muerte del menor deChalchihuapan e intentó hacerla pasar como producto de la herida mortal de “la onda expansiva de un cohetón”, disparado por los propios habitantes del pueblo, la CNDH determinó la responsabilidad de los policías del gobernador y el entonces ombudsman, Raúl Plascencia Villanueva, calificó esta actitud del gobierno estatal como “una gran mentira, una farsa, una versión oficial que se había construido para hacer parecer los hechos de una manera distinta a como acontecieron” .
El resultado de la investigación de la CNDH arrojó que fue un cilindro de gas lacrimógeno de largo alcance lo que hirió de muerte al niño que cursaba el segundo año de secundaria y no la inverosímil “onda expansiva de un cohetón”, como repitió en foros, entrevistas y documentos oficiales el procurador poblano, Víctor Antonio Carrancá Bourget, ni una bala de goma, como sostenían los habitantes de Chalchihuapan.
La madre de José Luis Tehuatlie, Elia Tamayo Montes, quien a lo largo de los meses se convirtió en ícono y estandarte de la lucha de esta y otras juntas auxiliares, había advertido ya desde el Senado de la República sobre el responsable:
"Yo me siento muy presionada del señor gobernador, porque él anda buscando quién es el responsable, y aquí él mero es… le pido que no mienta más”, dijo en una conferencia de prensa flanqueada por legisladores de izquierda, el 16 de julio, apenas a unos días de que su pequeño muriera.
En medio de las críticas y la indignación, el gobierno del estado navegó en la confusión y, sin reflejos rápidos y certeros, bandeó de una versión a otra: de los “infiltrados violentos” en la manifestación que terminó en tragedia, que dio el procurador; del “usan a niños como escudos”, de Rafael Moreno Valle Rosas; la acusación de que los manifestantes se “autolesionaron” con sus cohetones y sus “piedras de gran calibre”, del secretario General de Gobierno, Luis Maldonado.
Luego el retardadísimo pésame del gobernador por la muerte de Tehuatlie y la búsqueda del apuntalamiento de su partido, el PAN, que nunca llegó en la arena legislativa y política, mientras se daba la intentona poco fructífera de conseguir el cobijo mediático a su “mentira oficial”.
Leyes que matan El caso y esa tarde del 9 de julio de 2014 en que la policía “reprimió” a los manifestantes que exigían servicios como el Registro Civil, fue además la primera ocasión en que, con base en la llamada Ley Bala (Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso
Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado), propuesta por el mandatario y aprobada fast track por el Congreso local, se arremetió con los toletes y gases lacrimógenos empapados de la “legalidad” que dicta esa norma.
Chalchihuapan, junta auxiliar del municipio de Santa Clara Ocoyucan, también marcó una nueva relación de la sociedad y los agentes sociales y políticos de Puebla, del país e internacionales, que en muchos niveles y sectores, rompieron abiertamente con el panista, quienhasta la fecha sigue sin cumplir a cabalidad los 11 puntos que especificó la CNDH en su Recomendación 2VG/2014 del 11 de septiembre de 2014, que va camino a la impunidad. Encima, el cambio de ombudsman, al concluir Plascencia su encargo el pasado 15 de noviembre, ha retrasado el seguimiento al caso, puesel nuevo titular de la CNDH, Luis Raúl González, apenas “va a analizar” el voluminoso expediente de casi 20 mil fojas, según su propio dicho, aunque también lo reconoció como “prioritario”.
A la par, las bancadas de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI) mantienen peticiones en ambas cámaras del Congreso de la Unión, incluso de juicio político e intervención de la SCJN contra Moreno Valle Rosas, por su “política criminal”, que tuvo su reflejo más grave con el asesinato pequeño de 13 años, de ascendencia indígena y paupérrimo, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, luego de la aciaga refriega del pasado 9 de julio de 2014.
Desde el contexto nacional, fue el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, César Camacho Quiroz, quien el 25 de julio fijó la posición sobre el caso y fortaleció la que desde el Senado, habían fijado los 54 legisladores del tricolor “Ya nosotros ayer hicimos pública nuestra posición –dijo en referencia al punto de acuerdo de los 54 senadores del PRI–.
Creemos que ahí hay una responsabilidad que afrontar de distinta naturaleza, no sólo eventualmente administrativa, quizá una de carácter penal, la que es evidente que hay es una responsabilidad política.
“Y seguro que no sólo los poblanos, sino todos los mexicanos estamos interesados en saber cómo va a responder un gobernador que debe ser respetuoso de los derechos de las personas para revisar no sólo si efectivamente hubo cumplimiento de los protocolos, sino ahora, como algunos advertimos, se pretende tergiversar el sentido de los hechos para evadir responsabilidades”.
Días antes, en la tribuna de la Comisión Permanente, en donde mostró parte del “arsenal” utilizado contra los ciudadanos deChalchihuapan, el coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Monreal Ávila, había pedido la dimisión de Moreno Valle Rosas, a quien tildó de “sátrapa” .
La voz de Roxana En la línea de tiempo de los sucesos y desde antes, la voz de la diputada federal perredista Roxana Luna Porquillo, emergió como líder de la resistencia de estos pueblos y abierta opositora a los “excesos” del mandatario de Acción Nacional.
En una decena de pronunciamientos desde la tribuna de la Cámara baja, Luna Porquillo, dirigente también del Movimiento Nacional Los de Abajo, emprendió la denuncia de los hechos y la exhibición de una andanada de aprehensiones con motivaciones políticas que mantienen a más de 40 activistas en cárceles, por procesos generados desde el gobierno del estado.
Luna Porquillo ha encabezado también la denuncia, desde el ámbito legislativo federal, de los presos políticos, entre ellos los opositores al Libramiento Poniente, los ediles auxiliares que se resistieron al retiro del Registro Civil de sus comunidades y los dirigentes sociales que se han sumado a las protestas contra el gobernador.
En la denuncia más reciente, el pasado 22 de diciembre desde San Lázaro, junto con líderes sociales y su correligionaria Aleida Alavez Ruiz, vicepresidenta de la Mesa Directiva, Roxana Luna demandó la intervención de la Secretaría de Gobernación (Segob) del gobierno de Enrique Peña Nieto y de la creación de una comisión especial de la CNDH, para frenar la “ola de represión” y encarcelamientos políticos que en Puebla realiza Moreno Valle Rosas
La batalla de San Bernardino
El 9 de julio fue un día aciago: a la altura del kilómetro 14 de la autopista de cuota Puebla-Atlixco, un centenar de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan cerró la vía en dirección a la ciudad atlixquense, para demandar que la operación del Registro Civil se mantuviera en la potestad de la autoridad local y no se concentrara en la cabecera municipal de Santa Clara Ocoyucan.
Las distancias, gastos y trato de menosprecio por parte del gobierno de la entidad a sus derechos ciudadanos fueron los argumentos que enarbolaron los habitantes.
En medio del saldo de más de cien lesionados, entre habitantes y policías, las versiones de uno y otro bando responsabilizaron al antagónico de comenzar la violencia.
Videos, fotos y declaraciones inundaron los medios, con una intensa campaña para esconder el caso en la televisión y diarios nacionales, por parte del gobierno.
Sin embargo, ese 9 de julio, la de Chalchihuapan no fue la única protesta, pues en paralelo y por la misma causa se realizaron manifestaciones en juntas de los municipios de Atzompa, Santa Isabel Cholula, San Pedro Cholula y San Nicolás de los Ranchos. Sólo la de San Bernardino terminó en enfrentamiento y tragedia, y en donde la policía utilizó gases lacrimógenos en lata y cilindros que eran disparados, así como proyectiles, parecidos a pequeños torpedos que, de acuerdo con los testigos, al chocar contra el piso y romperse salpicaban un ácido que “quemaba la piel”.
Este “arsenal” dejó cinco lesionados de consideración del bando de los comuneros; el de mayor gravedad, el niño de 13 años José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien fue impactado por un cilindro de gas que disparó un policía. A la postre, el estudiante de segundo de secundaria de la escuela “Flores Magón” de esa comunidad, falleció luego de 10 días de agonía en un hospital público y al menos cuatro días de muerte cerebral , que el gobierno de Moreno Valle Rosas intentó ocultar, concluyó la investigación de la CNDH, organismo que, a casi dos semanas de los hechos, ejerció su facultad de atracción por considerarse a este caso como “violaciones graves a los derechos humanos”.
En principio hubo cuatro detenidos acusados de delito como motín, privación ilegal de la libertad, lesiones dolosas y tentativa de homicidio: Félix Xelhua Montes, Antonio Víctor Montes Contreras, Santiago Pérez Tamayo y Sergio Clemente Jiménez Tecalero.
Los primeros fueron después liberados al desvanecerse las pruebas en su contra, pero el gobierno estatal comenzó luego una campaña, con base en procesos atrasados, como resabios de aquel día del enfrentamiento, para encarcelar a varios líderes de la comunidad, entre ellos, al alcalde auxiliar Jairo Javier Montes Bautista, quien había tomado relevancia como denunciante y voz visible ante los medios. En tanto, los seis policías que fueron aprehendidos por el asesinato de Tehuatlie y por lesionar a habitantes de Chalchihuapan, a la fecha podrían quedar libres, luego de que el Juzgado Tercero los favoreció matizando el delito por el que fueron apresados .
La madre, Elia Tamayo Montes ha condenado esta posibilidad: “…Le pido al señor Rafael Moreno Valle que suelte a todos los presidentes auxiliares y los hermanos de mi pueblo.
Ellos no tienen por qué estar encarcelados. (Moreno Valle) piensa que ya va a soltar a los policías que mataron a mi hijo… pero él es el mero culpable.
Rafael Moreno Valle y Facundo Rosas son los que deberían estar encarcelados. Yo solamente le estoy pidiendo paz y justicia para mi pueblo, ya no más órdenes de aprehensión para gente inocente, cuando son ellos los culpables, yo pido porque suelte a nuestros compañeros.
La gran mentira
A pesar de los intentos del gobierno que fueron calificados como “una gran mentira, una farsa”, la CNDH emitió, el pasado, 11 de septiembre de 2014, la recomendación 2VG/2014 con 11 puntos, entre los que destacan la exigencia al gobernador Moreno Valle Rosaspara que inicie “los procedimientos de responsabilidad respectivos en contra del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (Facundo Rosas), así como del personal de dicha institución que participó en los acontecimientos del 9 de julio de 2014…” y se envíen “pruebas con las que acredite su cumplimiento”.
Que el mandatario tome las medidas necesarias para crear una fiscalía especial que atienda el caso; que se reparen los daños causados a las víctimas y a sus familiares; implementar una estrategia para la atención de demandas sociales en el estado de Puebla que contemple la solución pacífica de conflictos, se abstenga de criminalizar la protesta social; que se ofrezca “una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios generados por los servidores públicos”, entre otros.
En el papel, el gobierno de Puebla aceptó la recomendación, pero hasta hoy, en la propia opinión de la CNDH, cuyo titular fue cambiado de acuerdo con los tiempos establecidos en la constitución a mediados de noviembre, no se han cumplido a cabalidad al menos 7 de las 11 puntos establecidos por la investigación que desnudó las mentiras, fabricación de delitos y pruebas del gobierno del estado.
Asimismo, los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Facundo Rosas Rosas, a quien por segunda ocasión se le señaló como violador de los derechos básicos; el titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Víctor Antonio Carrancá Bourget; y el secretario General de Gobierno (SGG), Luis Maldonado Venegas, -todos con distintos ámbitos y grados de responsabilidad- siguen en sus cargos y sólo se les decretó una sanción económica, cuyo monto la administración morenovallista clasificó como reservada .
Sin embargo, el caso lejos de concluirse con estos supuestos cumplimientos del gobierno del estado, ha escalado a niveles internacionales y ha tenido ya la intervención de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a la par que siguen pendientes las solicitudes de fincar responsabilidades jurídicas y políticas al mandatario poblano.
Desde el pasado 19 de julio, Puebla es otro. La muerte del niño Tehuatlie, los presos políticos, la Ley Bala, el gobierno y sus opositores han dejado una Puebla distinta.