La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que el gobierno estatal de Puebla, encabezado por el panista Rafael Moreno Valle Rosas, respondió “parcialmente” a las 11 recomendaciones que le hizo por la represión del 9 de julio a vecinos de San Bernardino Chalchihuapan.
Lo anterior fue dado a conocer a esta casa editorial por la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Roxana Luna Porquillo, quien explicó que solicitó formalmente al organismo que le diera una valoración sobre la contestación que la administración morenovallista hizo de los señalamientos que hizo por la respuesta a los pobladores de dicha junta auxiliar que bloquearon la autopista Puebla–Atlixco para exigir la restitución del servicio de registro civil.
La representante popular cholulteca indicó que también solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que se le informara los nombres de las víctimas del 9 de julio y de sus agresores, pero la institución aún presidida por Raúl Plascencia Villanueva se negó, aduciendo que tenía que respetar la protección de datos personales establecida en la Ley de Transparencia y que además los atacantes están sometidos a un proceso judicial.
En un tema relacionado, ayer el sacerdote Alejandro Solalinde calificó al mandatario estatal, Rafael Moreno Valle, como un “tirano y represor”, y exigió que ponga en libertad a los más de 40 presos sociales que hay en Puebla, según una nota del reportero Edmundo Velázquez, publicada en el Periodico Central.
El fundador de la asociación “Hermanos en el Camino” adelantó que ya programa una visita a los penales de Puebla para supervisar la situación de los presos de conciencia detenidos por su abierta oposición a diversos proyectos del estado, a la #Ley Bala, al retiro del registro civil en las juntas auxiliares y a la construcción del parque de las siete culturasen Cholula.
Que (el gobernador) tenga voluntad política, que efectivamente se haga justicia, a pesar de las presiones que pueda recibir en sentido contrario de intereses particulares, que buscan única y exclusivamente sobre todo el hacer negocios (…) Que mantenga voluntad política antes que con cualquier otra cosa, grupo o persona con sus ciudadanos y ciudadanas, con su pueblo, con la justicia en el estado; es lo primero que le diría”.
En Puebla y en todo México, señaló el sacerdote, es evidente la crisis de derechos humanos y la criminalización de activistas. El de Puebla, aseguró, “es un gobierno represivo”.
Yo no solo digo que se liberen a los de Puebla o de Cholula, sino a todos los presos políticos que hay en México, deben salir, porque son cientos (…) En muchos lugares están los presos políticos, en Guerrero hay cerca de 400, los líderes yaquis en Sonora, indígenas de ese territorio también están en la cárcel y el doctor Mireles, de Michoacán, junto con decenas de personas de ese estado, también están presos”.