Por el caso de las violaciones graves a los derechos humanos en Chalchihuapan, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación de 11 puntos donde se precisa que el gobernador Rafael Moreno Valle, tiene un mes para dar con el responsable de la muerte del niño José Luis Tehuatlie, herido durante el operativo de desalojo del 9 de julio, e iniciar los procesos de responsabilidad penal y administrativa contra el secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, y mandos medios que coordinaron dicha acción.
En caso de que no sean cumplidas las recomendaciones, el ombudsman Raúl Plascencia adelantó que usará sus capacidades como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que el gobernador poblano comparezca ante el Senado de la República y se inicié un proceso de juicio político.
La recomendación 2VG/2014 contempla además que el gobierno morenovallista además de castigar a los responsables del operativo, debe de generar una fiscalía que investigue el caso Chalchihuapan, reparar los daños a los afectados, además de disculparse públicamente y de manera institucional con Elia Tamayo, madre de Jose Luis.
Moreno Valle Rosas tiene 15 días para iniciar las recomendaciones giradas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 15 días más para que compruebe su cumplimiento, con lo que tiene un mes en total para cumplir con todos los requerimientos dados a conocer por el ombudsman nacional.
Instruya a quien corresponda para que se inicien los procedimientos de responsabilidad respectivos en contra del titular de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Puebla, así́ como del personal de dicha institución que participó en los acontecimientos del 9 de julio de 2014 en el municipio de Ocoyucan, Puebla, con motivo de las violaciones graves a los derechos humanos observadas en esta recomendación, y se envíen a este Organismo Nacional las pruebas con las que acredite su cumplimiento", señala el primer punto del documento al que dio lectura el ombudsman Plascencia este jueves.
En el tercer punto, el ombudsman exige que tras reparar el daño, el gobierno del estado "elabore un registro que permita identificar adecuadamente a cada una de las víctimas, el tipo de reparación que se le otorgará, los tiempos y las condiciones para que la misma se encuentre debidamente solventada" y se envíe la lista a la Comisión Nacional con constancia de que han dado cumplimiento.
La cuarta recomendación indica que el gobierno de Puebla establezca condiciones óptimas para llevar a cabo manifestaciones en calma y paz y que se generen "mecanismos efectivos para la atención de esos requerimientos que privilegien el diálogo y el respeto de los derechos humanos".
En el quinto punto, el ombudsman Plascencia recomendó a Moreno Valle implementar una estrategia para la atención de demandas sociales en el estado de Puebla que contemple la solución pacífica de conflictos y que "se abstenga de criminalizar la protesta social" además de que contemple "acciones efectivas y eficaces de coordinación institucional para el tratamiento de manifestaciones públicas", privilegiando en todo momento el diálogo y reduciendo los riesgos para no caer en el uso excesivo de la fuerza.
El sexto punto indica que se debe ofrecer "una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios generados por los servidores públicos" de la Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia y Secretaría General de Gobierno además de que aseguren no repetir actos que dieron origen a la recomendación.
Se recomienda también en el séptimo punto que se giren instrucciones para proporcionar a los cuerpos de seguridad equipos de videograbación y audio que permitan registrar su conducta durante los operativos y procedimientos de detención en los que participen.
En el octavo punto y noveno punto se recomienda que se colabore con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para dar trámite a la queja que se promueva ante el Órgano Interno de Control de la Secretaria de Seguridad Publica de Puebla en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos, mandos medios, policías estatales e incluso el mismo secretario Facundo Rosas, así como con los funcionarios públicos de la Procuraduría General de Justicia que también se vieron involucrados en el bloqueo de averiguaciones previas o que cayeron en omisión al investigar los delitos ocurridos el 9 de julio.
El punto número 10 señala que se dé seguimiento a la denuncia penal que se presentará por parte de la CNDH ante la PGJ contra los funcionarios involucrados y que se colabore con su resolución..
El punto final indica que el estado de Puebla debe diseñar e impartir un programa integral de capacitación y formación en derechos humanos dirigido a los servidores públicos de PGJ y SSP "que ponga especial énfasis en el Uso Legítimo de la Fuerza".
A continuación compartimos las once recomendaciones textuales que giró el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas por el caso de las violaciones graves a los derechos humanos de los vecinos de San Bernardino Chalchihuapan en el operativo del pasado 9 de julio:
RECOMENDACIONES
