Luego del dictamen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el Caso Chalchihuapan, la secretaría de Seguridad Pública informó sobre un proceso de “depuración” en el que se dará de baja al menos a 34 uniformados que participaron en el operativo del 9 de julio pasado en la autopista Puebla-Atlixco y del que resultó herido de muerte el menor José Luis Tehuatlie. Sin embargo, la dependencia no informa sobre algun proceso contra su titular, Facundo Rosas Rosas.
Ayer a través de la cuenta de Facebook “Policías Con Dignidad Caso Chalchihuapan”, uniformados anónimos señalaron que el jueves por la tarde personal del gobierno del estado comenzó a exigir la renuncia de los granaderos que estuvieron presentes el día que se aplicó la Ley Bala contra habitantes de San Bernardino Chalchihuapan. De lo contrario, los amenazaron con darlos de baja mediante el examen de Control y Confianza.
Precisamente este viernes el área de Comunicación Social de la dependencia confirmó que el cuerpo estatal se encuentra en depuración debido a que varios elementos no cumplieron con los exámenes de confianza.
Para el ingreso, ascenso o permanencia de quienes forman parte de las corporaciones de Seguridad Estatal es indispensable cumplir con los requisitos que marca la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que se trata de disposiciones federales que incluyen entre otras cosas, ser apto en el examen de control de confianza".
Los hechos ocurren luego de que fuera dada a conocer la recomendación 2VG/2014 contra la administración morenovallista por los violentos hechos del 9 de julio donde fueron heridos al menos 70 vecinos de Chalchihuapan, entre ellos el niño José Luis Tehuatlie Tamayo, que murió días después por las heridas provocadas por agentes estatales.
El ombudsman Raúl Plascencia ordenó iniciar procedimientos penales y administrativos en contra de 20 granaderos y 14 lanzadores que participaron en el operativo, además de sancionar al secretario Facundo Rosas y los mandos medios que coordinaron la acción.
Sin embargo, el gobierno del estado inició la depuración desde abajo y amenaza con despedir de manera injustificada a todos los policías que participaron en el desalojo de la Autopista Puebla-Atlixco.
Ante esto y como CENTRAL lo informó, agentes estatales han comenzado a organizar su defensa a través de mensajes vía WhatsApp donde advierten que el gobierno de Rafael Moreno Valle actuará en su contra por considerarlos "el eslabón más débil" de la cadena de mando.
Los uniformados amenazan con iniciar un paro de labores en caso de que se finquen responsabilidades penales en su contra por los hechos en Chalchihuapan y justifican que "solamente seguían órdenes".