A un año de la desgracia que hirió de muerte a la comunidad de Chalchihuapan por la aplicación de la Ley Bala y que provocó el fallecimiento del niño José Luis Tlehuatle, el gobierno de Rafael Moreno Valle mantiene la impunidad y una postura insensible hacia las víctimas del 9 de julio: aún no hay disculpas públicas a los afectados, las autoridades responsables del operativo están libres, tres pobladores siguen tras las rejas y ningún lesionado ha recibido indemnización económica.

Ayer, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acusó al gobierno morenovallista de incumplir 5 de las 11 recomendaciones solicitadas en septiembre del año pasado en la resolución 2VG/2014. Entre las recomendaciones incumplidas se encuentra: el informe sobre las sanciones administrativas y penales contra los servidores públicos involucrados en la muerte del menor, la reparación del daño a las víctimas de lesiones, y que las disculpas públicas hechas por la autoridad estatal no se ajustaron a los estándares internacionales.

La impunidad es la piedra angular del Caso Chalchihuapan. Los seis policías detenidos el 17 de octubre por el ataque en contra de la comunidad fueron liberados en diciembre sin ser juzgados por el asesinato del niño José Luis Tlehuatle.

El 9 de julio, en medio del desalojo, cuatro pobladores fueron detenidos y tuvieron que ser liberados 28 días después cuando el gobierno admitió que los aseguraron antes de que iniciara el desalojo. En octubre, la policía estatal irrumpió de madrugada en Chalchihuapan y se llevó, con el uso de la fuerza, a cinco pobladores, dos de ellos siguen encarcelados, junto con el exalcalde Javier Montes.

Hoy se cumple un año del cruento desalojo en la junta auxiliar de Chalchihuapan que dejó como saldo la muerte del niño José Luis Tlehuatle y 8 víctimas más, dos de ellos menores de edad. La Ley Bala, hirió de muerte a Chalchihuapan.

Horas después del violento desalojo de los policías estatales contra los habitantes de Chalchihuapan que mantenían cerrada la autopista Puebla-Atlixco, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle culpó a los pobladores por haber provocado la herida del niño Tlehuatle. El mandatario acusó a los manifestantes de utilizar cohetones y piedras contra los uniformados y de haber usado a niños como escudos para evitar el desalojo.

La versión de que los pobladores tuvieron la culpa de los heridos del desalojo se mantuvo hasta el final. El 30 de julio la PGJ presentó los resultados de peritajes hechos con cabezas de marrano para “demostrar” que el niño fue herido por un cohetón lanzado por los manifestantes y no por los proyectiles de gas usados por la policía estatal.

Esta versión se resquebrajó cuando el 11 de septiembre la CNDH concluyó que el niño José Luis murió por el impacto de un proyectil de gas en la cabeza, lanzado por los policías. Ese mismo día el organismo autónomo emitió 11 recomendaciones contra el gobierno de Puebla.

La falta de voluntad del morenovallismo por cumplir el mandato de la CNDH llegó al grado de realizar todo un montaje para disculparse públicamente con los afectados, mantener presos a los policías involucrados solo dos meses, y criminalizar a los habitantes, pues tres de ellos siguen detenidos por supuestamente haber agredido a los policías.

El 9 de julio José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, de 13 años, acompañaba a su madre, Elia Tamayo en la zona del puente ubicado en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco, cuando los policías estatales comenzaron a lanzar proyectiles de gas lacrimógeno a quemarropa contra los manifestantes que mantenían bloqueada la pista como manifestación contra el retiro del registro civil a las juntas auxiliares. 

El niño fue alcanzado por uno de los proyectiles en la cabeza cuando se guarecía del enfrentamiento. El jueves 10 de julio de 2014 la madre de José Luis, Elia Tamayo declaró a CENTRAL que fueron los granaderos quienes hirieron a su hijo. 

El sábado 19 de julio se confirmó la muerte de  José Luis y desde entonces Elia Tamayo ha clamado justicia y no se ha cansado de culpar a Moreno Valle por el fallecimiento de su hijo. 

Martín Romero Montes, habitante de Chalchihuapan que fue impactado en la mejilla con un proyectil de goma lanzado por los policías de Puebla en el violento operativo del 9 de julio de 2014. Se encontraba limpiando un terreno cuando inició la violencia y pensó en sus nietos que estaban por salir de la escuela. Al correr fue herido en en la mejilla, el proyectil le desgarró las cuerdas vocales. Meses después, recuperó por fin la voz tras una serie de tratamientos que le costaron alrededor de 300 mil pesos. Tras el impacto del proyectil, Martín Romero ahora padece diabetes y se mantiene bajo el cuidado de sus hijos.

Hugo Jiménez Varela estaba con su familia cuando venía de una junta escolar de padres de familia y de pronto un proyectil cilíndrico directo a la cara. Hugo era conductor de una combi de transporte público, por el impacto perdió la vista y su trabajo. Hasta hace unos meses se encontraba en rehabilitación y trascendió que fue uno de los pocos indemnizados por el gobierno del estado, el monto que le fue entregado no fue mayor a los 300 mil pesos. Ahora se dedica a la renta de equipo de sonido.

A Gilberto Tecalero le volaron los tendones de la mano izquierda lo que provocó que perdiera dos dedos medios. Según Gilberto los uniformados dispararon a quemarropa y así fue como le destrozaron dos dedos. Aunque pudieron reconstruírselos perdió movilidad en el dedo medio y el dedo anular de la mano derecha. 

Vicente Tecalero fue herido en la cabeza con una granada redonda de gas que lo tuvo hospitalizado por días y por la que ahora perdió el oído derecho de manera parcial.  A Vicente Tecalero se le montó guardia de la Policía Estatal debido a que reconoció haber participado en el encontronazo. Tuvo que escapar del Hospital General Sur para no ser iniciado bajo procedimiento penal.

Entre los heridos visibles también se encuentra Filemón Pacio, integrante de la Cedip aunque no vive en Chalchihuapan, si no en Tlamapa, junta auxiliar de Santa Isabel Cholula, cuyas imágenes circularon a nivel nacional por el tamaño de los moretones. Además Juan Xelhua Ocotl, con quien se encontraba Filemón. En el caso de Juan Xelhua, una bala de goma le dio en la cara y a la fecha no puede ver bien con el ojo derecho.

Acusado como uno de los autores intelectuales por el enfrentamiento del 9 de julio se encuentra encarcelado Jairo Javier Montes Bautista, el ex edil auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, perteneciente al municipio de Santa Clara Ocoyucan.

El 9 de julio, la Coordinación Estatal por la Dignidad de los Pueblos (Cedip), organización en la que se agrupaban las juntas auxiliares opositoras al retiro de los registros civiles, se manifestó en diversos puntos del estado. Javier Montes coordinó el cierre de la autopista Puebla-Atlixco.

Tras dos operativos Jairo Javier Montes Bautista fue detenido acusado por seis delitos, entre los que se encuentran ataques a las vías de la comunicación, motín, privación ilegal de la libertad, lesiones e intentó de homicidio en contra de un policía, pues según señala el agente del ministerio público el edil subalterno participó en la golpiza a un elemento.

Recientemente a CENTRAL le declaró que teme por la población de Chalchihuapan y acusó a su abogado, Alejandro del Castillo, por estancar su defensa, disolver el movimiento y lucrar con los hechos del 9 de julio.

Además, de Javier Montes, dos de los cinco pobladores detenidos en octubre siguen tras las rejas: Florentino Tamayo Ponce, Vicente Juárez García se mantienen en prisión. Los pobladores están acusados por su presunta responsabilidad en la muerte del niño José Luis y el “ataque” contra los policías estatales.

El 17 de octubre  el gobierno morenovallista detuvo a los elementos de seguridad pública que participaron en el violento desalojo de la autopista Atlixco-Puebla. A los uniformados se les emboscó en un curso en la Academia de Policía. 

Entre los detenidos se encontraban Francisco López Domínguez, Juan Máximo Jiménez, Germán Nava Moreno, Regulo Ramiro Islas, Jaime Santiago Pérez y Luis Bernardo González Santos, aunque jamás la Procuraduría General de Justicia confirmó sus identidades. Sin embargo, fueron puestos en libertad el 24 de diciembre y pudieron festejar Navidad y Año Nuevo con sus familias. 

Fotos: EsImagen/Poblanerias