El gobierno del estado de Puebla rechazó pagar una indemnización a la empresa Melgarejo Construcciones y Concesiones, contratada por el exgobernador Rafael Moreno Valle.
Sergio Salomón Céspedes Peregrina, actual mandatario estatal, lamentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara la entrega del capital al Estado.
El monto asciende aproximadamente a 640 millones de pesos por la cancelación de un contrato en el año 2012. El contrato se originó cuando Rafael Moreno Valle estaba al frente de la administración estatal.
Para evitar la indemnización de la empresa contratada por Rafael Moreno Valle, Sergio Salomón Céspedes Peregrina destacó que el gobierno de Puebla continúa en lucha.
Ya que la indicación de la autoridad es entregar la millonaria cantidad por un trabajo que Melgarejo Construcciones jamás realizó.
Todavía no está firme, seguimos peleando con ese tema es una lástima que la Corte haya actuado así”.
Por el momento, el gobernador precisó que ya prepara una explicación técnica legal, la cual presentará más adelante a los medios de comunicación.
Además, insistió que el Estado tiene la razón para no pagar los 640 millones de pesos, tal es así, que ya acudió ante la Corte de manera personal.
Ya que además de que la orden “no es correcta”, considera que hay violaciones en la resolución emitida por el Tribunal.
Céspedes Peregrina añadió que el gobierno de Puebla recurrirá a todas las alternativas legales y con esto evitará la indemnización a la empresa que contrató Moreno Valle y un daño patrimonial al estado.
¿Qué proyecto tenía la empresa Melgarejo Construcciones?
En 2012, cuando el panista Rafael Moreno Valle estaba como gobernador del estado, la empresa Melgarejo Construcciones perdió la concesión para construir el Libramiento Poniente.
Dicho proyecto tenía como objetivo unir los municipios de San Martín Texmelucan y Atlixco, mismo que inició la compañía.
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Sin embargo, ante la falta de avances de construcción, el gobierno en turno decidió retirar el contrato a la empresa. Mismo que contemplaba el título de concesión para operar la vialidad por los próximos 30 años.
El pago por esto ascendía a 640 millones de pesos, mismos que ahora exigen, pero la obra jamás concluyó.
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