Al menos dos funcionarios de primer nivel contratados por el exgobernador Miguel Barbosa Huerta estarían involucrados en el fraude de Accendo Banco.
En entrevista, el titular de la Secretaría de la Función Pública, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, manifestó que no puede dar los nombres de los responsables. Debido a que se deben salvaguardar sus derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Sin embargo, confirmó que ambos funcionarios supuestamente involucrados en el fraude de Accendo Banco son de primer nivel. Es decir, que formaron parte del gabinete que conformó Miguel Barbosa Huerta en 2019, cuando asumió la gubernatura.
Son exfuncionarios no puedo dar el nombre (…), pero sí, son exfuncionarios de primer nivel, ya concluyó la investigación”.
El funcionario detalló que si bien culminaron las investigaciones, aún quedan una serie de puntos por llevar a cabo.
Puesto que se debe iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa a cargo de la autoridad sustanciadora.
Los dos exfuncionarios del gobierno estatal fueron llamados para después mandar el caso ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
De las sanciones, se limitó a mencionar que “son delicadas” y será el Tribunal el que determine. No obstante, sobre los dos acusados pesan denuncias por desvío de recursos y encubrimiento.
Más de 606 millones de pesos invertidos en Accendo Banco no podrán recuperarse
Cabe mencionar que, hace unos días Moreno Valle Abdala dio a conocer que las investigaciones siguen para determinar la existencia de culpables por el fraude. El cual asciende a más de 606 millones de pesos.
En enero del presente año, la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Josefina Morales Guerrero, previó la pérdida total del dinero.
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A decir de la funcionaria, existen posibilidades de que la inversión no pueda recuperarse. Puesto que el Estado no es el único que lo busca y al menos otros 400 acreedores también están a la espera de su dinero.
Para resolver el caso, Moreno Valle Abdala indicó en enero del presente año que el Estado contrataría a un perito. Este determinaría la existencia de focos rojos sobre la pérdida del dinero.
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