Para Guillermo Pacheco Pulido —quien hoy aspira a convertirse en gobernador interino de Puebla— el Caso Lydia Cacho quedó cerrado después de que en 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exoneró a Mario Marín.
Pacheco Pulido dice que en ningún documento se le menciona como responsable de la detención arbitraria y la violación de Derechos Humanos contra la periodista y autora de “Los Demonios del Edén”, pero, no es así, pues la más reciente resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sí lo implica.
CENTRAL entrevistó a Pacheco Pulido, luego de que ha mostrado su interés en ser gobernador interino de Puebla, y hasta ha comenzado el cabildeo con Morena y el PRI. La primera en condenar su postulación fue la periodista Lydia Cacho quien lo acusó de haber ordenado a la juez Rosa Celia González que le dictara el orden de formal prisión.
El mismo Pacheco Pulido que frente a mí, ya en la cárcel de Puebla, ordenaba a la jueza Rosa Celia que me diera orden de formal prisión. Quieren de interino a uno de los cómplices de mi tortura y detención arbitraria”.
La respuesta de Pacheco Pulido, quien se muestra incómodo y cortante cuando se le pregunta sobre el caso, es que para él ya quedó cerrado y que no hay nada que lo implique.
En los nueve años que llevo retirado del Poder Judicial nunca he visto un documento sobre ese tema con mi nombre (…) Después del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación yo le di la vuelta a la página a ese caso”.
Pero la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, del pasado 31 de junio de 2018, cuenta otra realidad.
En el punto 3.9, Cacho lo señala directamente por haber acordado con el entonces gobernador, Mario Marín Torres su persecución y castigo. Y además menciona que la Comisión Investigadora de la SCJN concluyó que existieron pruebas de la relación entre “Nacif y la judicatura del estado de Puebla.
La autora afirma que los tribunales que conocieron la causa penal en su contra adolecieron de falta de independencia e imparcialidad. Según las conclusiones de la Comisión Investigadora establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existieron pruebas de la “relación entre Nacif y la judicatura del estado de Puebla”. La autora estima que existió un concierto entre particulares y autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial del estado de Puebla, incluidos el gobernador y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de ese estado, con el objeto de perseguir a la autora y castigarla por su labor periodística, y de generar un efecto inhibitorio para otros/tras periodistas”. Señala el punto 3.9.
Pero además en el punto 10.11, se acusa al Poder Judicial, que en ese entonces él presidía, de haber colaborado en su detención y que ésta fue de “carácter punitivo y, en consecuencia, arbitraria”.
El Comité considera que, en las circunstancias descritas, y a la luz de las declaraciones públicas vertidas por el empresario en cuestión y por las altas autoridades ejecutivas y judiciales del estado de Puebla, no desmentidas por el Estado parte, y por los motivos establecidos en el párrafo 10.8 supra, la detención de la autora no fue una medida necesaria ni proporcional, sino más bien una medida de carácter punitivo y, en consecuencia, arbitraria, en violación del artículo 9 del Pacto”, señala el punto 10.11.
Fue el pasado 10 de enero cuando el Estado le ofreció una disculpa a Lydia Cacho, por orden de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas además determinó que el Estado también debía procesar, juzgar y castigar a los responsables.
Una vez que Lydia Cacho fue detenida en Cancún, Quintana Roo, 16 de diciembre del 2005, un día después fue presentada ante el Juzgado Quinto de lo Penal donde la jueza Rosa Celia Pérez González le impuso el auto de formal prisión y una fianza de más de 100 mil pesos.
Según la periodista, el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Guillermo Pacheco Pulido aleccionó directamente a Rosa Celia Pérez González vía telefónica y le ordenó imponerle tal fianza.
El nombre de Guillermo Pacheco Pulido junto con otros personajes como la procuradora Blanca Laura Villeda y la propia Juez Quinto de lo Penal, Rosa Celia Pérez González fueron acusados por la defensa de Lydia Cacho de generar una coalición de funcionarios públicos en contra de ella por un delito de honor.
La persecución a Lydia Cacho comenzó como un entramado entre el gobernador Mario Marín Torres y el empresario Kamel Nacif Borje, quienes acordaron un “castigo ejemplar” a la periodista por incluirlo entre los personajes públicos que participaban en una red de prostitución infantil y pederastia junto a Jean Succar Kuri.