La peor crisis política que ha vivido Nicaragua desde 1990 ya ha dejado 300 muertos en sus calles, víctimas de la represión de un régimen que se niega a atender a las demandas de la población y que actúa como una verdadera dictadura.
El recurso a escuadrones de la muerte por parte de la presidencia de Daniel Ortega ha exasperado los ánimos y ha elevado el tono de una protesta que ha pasado de pedir la retirada de medidas políticas y reclamar diálogo con la oposición, a exigir directamente que tanto Ortega como su mujer —la terrible vicepresidenta Rosario Murillo— abandonen el poder.
Las decenas de miles de personas que el jueves marcharon por las calles del país centroamericano exigiendo la renuncia de Ortega son la prueba palpable del estado de fractura social que la pésima gestión del presidente nicaragüense ha creado. Los manifestantes exigían responsabilidades por el asesinato de 21 personas el pasado domingo en dos localidades al norte de Managua, víctimas de paramilitares que apoyan al Gobierno. Se trata del mayor número de muertes violentas en un solo día que ha vivido Nicaragua en tiempos de paz.
Ortega es el responsable de la represión violenta de la oposición y tendrá que rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exige que se abran los procesos judiciales correspondientes. El otro actor internacional que puede influir en la dramática situación es la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que la oposición pide que active la Carta Democrática que puede derivar en la suspensión de Nicaragua como miembro de pleno derecho.
Daniel Ortega no puede pretender echar sobre otros hombros lo que ha ocurrido y lo que pueda ocurrir en los próximos días en su país. El curso de los acontecimientos depende exclusivamente de sus decisiones.
