Ignacio Tobón, quien fungía como supervisor de Seguridad Pública en el municipio de Ciudad Serdán, fue detenido en flagrancia delictiva la mañana de este jueves 21 de junio, después de que el gobernador del estado de Puebla, Antonio Gali Fayad decidió asumir el control en el municipio, pues el cargo que desempeñaba no está dentro de la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Además de Ignacio, se detuvo a un director y a 34 policías municipales.
En rueda de prensa ofrecida la tarde de este jueves, el Fiscal de Investigación Regional, Jaime Huerta explicó que Ignacio Tobón desempeñaba una función que no existe, se acreditaba con una identificación falsa que supuestamente estaba firmada por Juan Navarro Rodríguez, presidente de ese municipio, y aunque no podía portar arma de fuego, contaba con una licencia expedida por la Secretaría de Seguridad Pública que le permitía portar un arma de fuego calibre 5.56 mm. Al momento de ser detenido llevaba una pistola calibre 9 mm, diferente a la señalada.
El representante de la Fiscalía General del Estado también declaró que Tobón cuenta con antecedentes penales por lesiones, abuso de autoridad y tenía orden de aprehensión vigente.
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Alejandra Ramos, directora de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Serdán también fue detenida junto con Ignacio y 34 policías municipales, a quienes se les aplicarán pruebas de confianza para determinar si incurrieron en algún delito, como usurpación de funciones públicas o uso indebido de los uniformes de las dependencias de seguridad.
En la misma rueda de prensa, Jesús Morales Rodríguez, titular de la SSP, dijo que el número total de los elementos de seguridad en Ciudad Serdán es de 40 policías, pero cuando arribaron para tomar el control, algunos uniformados ya habían renunciado o estaban en proceso, por lo que los 34 policías y el director eran los únicos que estaban en activo.
De momento, al igual que en San Martín Texmelucan, la seguridad en el municipio estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. Morales Rodríguez precisó que se estarán realizando constantes operativos y, con base en investigaciones, se girarán las órdenes de aprehensión necesarias.
Por último, el secretario general de gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano aclaró que el presidente municipal deberá acatar las órdenes que se dieron en el resolutivo.
