El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que los trabajadores del gobierno federal que sean sindicalizados no serán despedidos en la reingeniería que anunció para la administración pública, la cual incluye la desaparición de las delegaciones federales en todos los estados y en su lugar dejar una Coordinación General que albergará a todas las instituciones y sus programas.
CENTRAL dio a conocer que el anuncio de López Obrador para desaparecer las delegaciones federales en los estados, mantiene en incertidumbre a los 77 mil 900 trabajadores de las 64 dependencias del gobierno, debido a que no saben si habrá recorte de personal, todos serán removidos, trasladados a otras áreas o qué futuro les espera.
Sin embargo, este día durante la reunión que sostuvo López Obrador con los legisladores federales de Morena electos, el virtual presidente de México presentó las iniciativas que enviará al Congreso de la Unión los primeros días de su mandato, y entre ellas está el ajuste de la estructura gubernamental que implica la desaparición de las delegaciones, pero insistió en que los sindicalizados no serán despedidos solo los trabajadores de confianza.
En su Plan de Austeridad Republicana implica fusionar áreas, eliminar subsecretarías, direcciones y otros organismos, así como reagrupar a servidores públicos sindicalizados: “Conviene aclarar que ningún trabajador de base será despedido. El ajuste de personal se dará como lo expusimos públicamente: en los niveles de funcionarios llamados de confianza, es decir, en los niveles más altos de la administración, en los cuales habrá libertad para llevar a cabo los cambios necesarios”.
López Obrador recordó que en los últimos años lo único que creció fue la burbuja burocrática, pero no la economía mexicana. También dijo que creció la corrupción y la delincuencia.
Dentro de las propuestas que presentó a los legisladores electos de Morena, también incluyó revertir la privatización del agua que recientemente fue aprobada por el Congreso de la Unión. Asimismo, presentará reformas para considerar como delitos graves y sin derecho a libertad bajo fianza la corrupción, el robo de combustible y el fraude electoral en todas sus modalidades.
