Los diputados poblanos aprobaron una nueva sanción en contra de Alfredo Arango, secretario de Salud en el sexenio de Mario Marín Torres y quien ya estuvo preso dos años por enriquecimiento ilícito. Esta vez, los legisladores validaron que pague 271 millones 057 mil pesos por las irregularidades que cometió en el periodo del 1 al 31 de enero de 2011, los últimos días del gobierno marinista.
De acuerdo a los dictámenes que se presentaron en la orden del día, el marinista suma 24 años de inhabilitación como funcionario, la mitad correspondiente a las irregularidades de 2010 y la otra a 2011.
Aunado a ello, el Congreso de Puebla determinó modificar las sanciones económicas que se le imputaron por su cuenta pública 2010 y reducir el pago de 19 mil 976 millones que se le había fincado, esto debido a un recurso de revisión que promovió ante instancias judiciales.
El 29 de julio del año pasado, se informó que el daño patrimonial que cometió en 2010 como secretario de Salud ascendió a 6 mil 658 millones de pesos. Tras un recurso de revisión del funcionario marinista, el monto se redujo a 861 millones 871 mil pesos.
La sanción económica que se le fincó pasó de 13 mil 317 millones a mil 723 millones de pesos.
En el nuevo informe se establece que Alfredo Arango presentó una deficiencia administrativa por 7 mil 602 millones de pesos y tendrá que restituir al erario 2 mil 585 millones de pesos.
En este nuevo dictamen de la Comisión Inspectora del Poder Legislativo se ratificó la inhabilitación por 12 años.
La nueva sanción a Alfredo Arango
La última sanción contra el marinista corresponde a su cuenta pública 2011 la cual se compone de los 31 días de enero de ese año. La multa asciende a 271 millones 057 mil pesos.
Arango cometió un daño patrimonial por 90 millones 352 mil pesos y la sanción económica fincada es de 180 millones 705 mil pesos.
Aunado a ello se le inhabilitó por 12 años, los cuales se suman a los de la cuenta pública 2010.
El ex secretario de Salud estuvo preso de 2012 a 2014 por enriquecimiento ilícito. El Juez Octavo en Materia Penal lo sentenció a 4 años de prisión con la posibilidad de salir libre bajo fianza, por tratarse de un “primo delincuente” y luego de haberle decomisado 79 millones de pesos en bienes muebles e inmuebles.
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