Este miércoles la senadora Lucero Saldaña presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un exhorto al Congreso del Estado de Puebla para que solicite al Ayuntamiento una amplia y debida fundamentación, así como los anteproyectos de inversión respecto a la solicitud de autorización para contratar obligaciones financieras por un monto de hasta ochocientos millones de pesos para la ejecución de proyectos de inversión pública productiva y equipamiento urbano.
Todo ello, en virtud de que el pasado 18 de Julio el Ayuntamiento de Puebla sometió a la consideración de las diputadas y diputados integrantes de la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Puebla la Iniciativa para contraer dicha deuda, misma que fue aprobada en sesión extraordinaria de Cabildo de dicho municipio, por mayoría calificada, el pasado 17 de julio ha suscitado controversias y diferendos entre los actores sociales
El interés, señala la Senadora Lucero Saldaña, es que la ciudadanía esté informada de para que efectos y bajo que lineamientos se contrará dicha deuda para el municipio de Puebla.
La Senadora expresó: “integrantes del propio Ayuntamiento de Puebla han señalado que a las y los regidores, no se les proporcionó dicho listado de acciones, por lo que presumen “hay información privilegiada para algunos y opacidad de la información para otros”. En la misma situación nos encontramos otros representantes populares que hemos solicitado información sobre los diagnóstico, estrategias y acciones en materia de seguridad, sin obtener respuesta. Más grave aún, ¿se encuentra informada la ciudadanía?”
La legisladora subrayó que no se pretende que la autoridad escatime en el combate a la inseguridad, pero propuestas de este tipo generan dudas ante los sobrecostos en múltiples obras realizadas en esta entidad y ante la inminencia del proceso electoral de 2018.
La Senadora Saldaña recalcó que si bien coincide plenamente con la necesidad de fortalecer las acciones en materia de seguridad pública y equipamiento urbano del municipio, de igual existe la oblicación de cuidar un ejercicio transparente, eficaz y eficiente de los recursos públicos.