Los comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) ordenaron a la dirigencia municipal del PAN no difundir los datos personales de 8 regidores de la capital que no han cubierto sus cuotas partidistas, quienes adeudan al partido alrededor de 200 mil pesos.
En octubre del año pasado la dirigencia que encabeza Pablo Rodríguez Regordosa emitió un listado sobre los deudores, quienes en reiteradas ocasiones se han negado a liquidar el adeudo señalado.
Aunado a ello, acudieron ante la ITAIP para exigir que sus datos personales no sean difundidos, en atención a lo que marca la ley. Sin embargo, la dirigencia panista argumentó que al ser servidores públicos, sus nombres pueden ser difundidos sin ningún problema.
El PAN emitió una resolución en la que negó tratamiento inadecuado (de los datos), ya que son servidores públicos y sus datos se encuentran en la base de datos del ayuntamiento y del padrón del PAN”, se expuso en la ponencia emitida por el comisionado Germán Loeschmann.
El ITAIP declaró que a pesar de ser servidores no pueden publicarse sus datos personales, por lo cual exigieron al PAN que si publican los nombres no pueden dar a conocer los montos de adeudo, o viceversa.
Por lo expuesto en términos de la fracción cuarta la ponencia propone decretar la revocación y modificar la resolución lo del 10 de mayo y emitir una disociación de información”, se explicó.
De acuerdo con la Tesorería del Comité Directivo Municipal del PAN, los regidores que no han pagado son: Myriam Arabian, Adán Domínguez, Marcos Castro, Juan Carlos Espina, Miguel Méndez, y Lupita Arrubarrena, quienes en conjunto deben a la dirigencia municipal casi 200 mil pesos.
VER: Regidores yunquistas insisten en no pagar cuotas al PAN; Pablo Rodríguez los exhibe
Niegan comisionados publicación de bitácoras de vuelo de Marín y Moreno Valle
Los comisionados rechazaron un recurso ciudadano en el cual se pedía información en torno a las bitácoras de vuelo de los helicópteros en el gobierno estatal de Mario Marín Torres y de Rafael Moreno Valle.
El argumento está basado en resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a que la información de los vuelos de Presidencia de la República debe resguardarse por seguridad nacional.