La diputada perredista Socorro Quezada y los regidores de Atzitzintla detenidos durante el Operativo Encrucijada, acusaron que la Fiscalía General del Estado violó los derechos de los acusados en el momento de la detención que incluso la mayoría fueron puestos en libertad por falta de pruebas.
Los funcionarios municipales dieron una rueda de prensa acompañados de la diputada para exigir al gobierno del estado respetar la autonomía del municipio, pues recordaron que de acuerdo a lo que establece el artículo 115 constitucional, el presidente municipal puede solicitar licencia hasta por 90 días y solamente faltando el suplente debe tomar el cargo.
Debido a esto, Quezada y los regidores advirtieron que los ciudadanos que fueron electos democráticamente por el pueblo de Atzitzintla serán los únicos encargados de seguir cumpliendo con las responsabilidades del municipio, por lo que demandaron al gobierno de Puebla no “imponer la autoridad” de otra persona.
Es la segunda vez que nuestro presidente municipal es electo en el por los ciudadanos porque sabemos que es un hombre trabajador, honesto y lo que le están haciendo es injusto. Pedimos que revisen bien su caso y metan a la cárcel a las personas que en verdad son culpables”, comentó Marcelino de la Rosa Romero, regidor de Patrimonio y Hacienda Pública.
La diputada perredista y los miembros del cabildo de Atzitzintla solicitaron a Jesús Morales Rodríguez, secretario de Seguridad Pública en el estado, que fortalezca los patrullajes en la demarcación ya que después del operativo se quedaron desprotegidos y únicamente cuentan con tres patrullas y seis policías municipales.
La noche 9 de marzo tres elementos de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI) fueron emboscados en Atzitzintla, donde investigaban cuatro secuestros. Los agentes Oscar Tecapuacho, Luis Falcón y Manuel Santos fueron entregados directamente por el alcalde José Isaías Velázquez, a la banda de “Los Bukanas” —ligada a Los Zetas— quienes los ejecutaron y tiraron sus cuerpos en Maltrata, Veracruz.
Tras los hechos, el gobierno de Puebla desplegó el operativo Encrucijada en Atzitzintla y Palmar de Bravo que terminó con la detención de 87 personas —entre ellos el alcalde, policías estatales y miembros de Los Zetas— según la información de la Fiscalía General del Estado de Puebla.
De los 87 detenidos, 14 fueron liberados, 8 menores de edad fueron entregados a su familia y el resto están a disposición del juez. Al alcalde, los cinco policías y el resto se les investiga por robo de hidrocarburo, asociación delictuosa y desaparición forzada, según informó la Fiscalía