Con la queja de 8 municipios de Puebla, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dará inicio al análisis de la reforma que abre la privatización del agua en la entidad aprobada en el Congreso Local el 26 de enero. Este 13 de marzo que concluye la fecha para quejarse ante la Corte se sumarán a las seis querellas presentadas, los alcaldes de Izucar de Matamoros y Libres.
Los alcaldes demandan derogar al artículo 12 constitucional donde, acusan, se abre la posibilidad de que el gobierno tomará el control del servicio de agua potable en los ayuntamientos, con la posibilidad de concesionarlo.
Se prevé que este lunes 13 de marzo los ediles de Libres, Enrique Cerón Flores e Izúcar de Matamoros, Manuel Madero González se sumen a los seis recursos presentados el 6 de marzo pasado por los alcaldes de Zoquitlán, Ajalpan, Coxcatlán, Coronango, Juan C. Bonilla además de San Pedro Cholula para dar marcha atrás a la ley del agua.
VER: Admite SCJN seis controversias de alcaldes en contra de la privatización del agua en Puebla
El 9 de marzo, en un acuerdo entre el alcalde y un grupo de ciudadanos que protestó frente al ayuntamiento de Izúcar, se estableció que el Cabildo acudirá a la SCJN para dar marcha a atrás a la privatización del agua en el estado de Puebla.
VER: Pobladores de Izúcar obligan a edil a presentar controversia contra privatización del agua
Además, fuentes consultadas por CENTRAL adelantaron que Libres también procederá de última hora en contra de la reforma del gobierno del estado.
De acuerdo a la página oficial de la SCJN, esta semana los poderes Legislativo y Ejecutivo de Puebla tendrán una copia de la demanda y sus anexos para que presente una contestación.
A pesar de que 6 juicios fueron admitidos, hasta el momento no existe ninguna medida de suspensión y la ley se encuentra vigente.
La privatización
El Congreso de Puebla había modificado el Artículo 12 de la Constitución para supuestamente establecer como un derecho el “acceso al agua potable”, lo que en realidad sentó las bases para privatizar el servicio en todo el estado.
Se trata de una modificación que parece inofensiva, pues en sus primeras líneas plantea: “Establecer el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.
Sin embargo, al final del párrafo se establece: “El estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”. Es decir, se sientan las bases para que el gobierno del estado tome el control del servicio de agua potable en los ayuntamientos, sin que esta decisión tenga que pasar por los Cabildos.
Aunque el gobernador, Tony Gali se comprometió a no privatizar el servicio.
Esta reforma es inconstitucional, pues viola el artículo 115 de la Constitución Federal.