La paradoja del caso es que aún así le otorgó a ésta la calidad crediticia de Aa3 con perspectiva negativa, lo que la coloca como la cuarta mejor evaluada del país.
Aunque en la punta se ubica la Ciudad de México con AAA (mex), ésta cuenta con la garantía del gobierno federal. Le siguen Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro.
Los recursos de la discordia corresponden a tres proyectos bajo el marco de Asociación Publica Privada, uno para construir el llamado Centro Integral de Servicios, algo así como ventanilla única para trámites empresariales a nivel federal y estatal.
Otro apunta a lo que se ubica como plataforma automotriz, es decir, los “incentivos” otorgados a la empresa Audi para instalarse en la entidad con perspectiva de agregar nuevas inversiones en la zona. Estamos hablando del municipio de San José Chiapa.
El tercero es la creación del Museo Internacional del Barroco.
Los dos primeros tienen un costo conjunto de 20 mil millones de pesos. El tercero de 2 mil.
Las obligaciones derivadas se garantizaron vía un fideicomiso público de administración y otro de fuente alterna de pago integrados a una instancia financiera privada: Evercore Casa de Bolsa, que hasta hace unos meses presidia el ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe.
Estos se crearon originalmente sólo para el Museo Internacional del Barroco, extendiéndose a los otros dos proyectos a solicitud del gobierno estatal con el propósito de no multiplicar la contraprestación.
El diseño del esquema para el museo lo instrumentó el ex subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, con la novedad de que el gobierno federal aportó, en la fase previa a la llegada del funcionario, 25% del costo, es decir, 500 millones.
La fuente de pago es el impuesto sobre nómina de carácter local, que previamente se incrementó un punto porcentual.
El proyecto se proyectó para cubrirse en 23.3 años, en un escenario en que si la Tesorería del Estado, quien condensa 70% del monto del impuesto, no cubre los abonos a cabalidad, el compromiso lo asume la fuente alterna de pago, quien reúne 30% de la recaudación del tributo. De no requerirse la participación, el dinero regresa a las arcas estatales.
De acuerdo con Moody’s en su reporte del cuatro de julio del 2016, “a pesar de que las leyes locales no consideran las APP como deuda pública, nosotros las ubicamos como deuda directa e indirecta neta”. El razonamiento habla de que en caso de que fallaran las APP’s, posiblemente el gobierno sería responsable directo de absorber estos gastos.
La Ley de Disciplina Financiera, aunque ubica como deuda pública “cualquier financiamiento contratado por entes públicos”, considera los compromisos asumidos en las APP’s, como obligaciones de pago.
El criterio lo asume la calificadora de deuda Fitch Ratings, absteniéndose de ubicar como deuda publica los 22 mil millones de la discordia.
Bajo ese tamiz le da una calidad crediticia a Puebla de AA con Perspectiva Estable.
Así fue. Así es.
Balance general. En lo que pareciera el banderazo inicial para la participación empresarial en la grilla política de cara a 2018, la semana pasada se llenó de bote en bote el Club de Industriales para participar en un debate en torno a la posibilidad de la segunda vuelta en la elección presidencial y la creación de un gobierno de coalición.
En la mesa estaban el ex dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones; el ex candidato panista a la Presidencia, Diego Fernández De Cevallos, y el politólogo Federico Reyes Heroles.
Descartada por los tiempos legislativos la primera fase, la discusión se centró en la segunda, bajo el marco, naturalmente, de una alianza PRI-PAN.
Por lo pronto, el compromiso asumido por una buena parte de los asistentes fue elaborar un esquema que condense los puntos torales para un programa de gobierno.
El ambiente era de mitin.
Escandón otra vez. Rechazado el coqueteo con ex funcionarios públicos, ya los ex secretarios de Hacienda Pedro Aspe y Francisco Gil Díaz, o el ex de Trabajo y Salud, José Antonio González Fernández, entre otros, para asumir la estafeta, finalmente el presidente de la Fundación Mexicana para la Salud, Pablo Escandón Cusi, decidió reelegirse en el cargo.
La asamblea general extraordinaria y posteriormente la reunión extraordinaria del Consejo Directivo del organismo filantrópico se realizaron en lo oscurito.
Como usted sabe Escandón, presidente de la principal distribuidora de medicinas en el ámbito privado, Nacional de Drogas, está en medio de una investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica.
La acusación concreta apunta a una simulación en la compra de la mitad del capital de la firma similar Marzam, que pertenecía a Genomma Lab.
De acuerdo con lo revelado en Los Papeles de Panamá, se creó una empresa offshore en un paraíso fiscal para ocultar la identidad del verdadero comprador.
Bajo un escenario distinto, es decir, el supuesto de que la compra la había realizado un fondo, la instancia antimonopolio autorizó la concentración.
Más impunidad. Convertida a lo largo de los años en el gran negocio, con una facturación de 7 mil 500 millones de pesos anuales, de los cuales 3 mil 500 se generan en la Ciudad de México, la publicidad exterior navega en la ilegalidad.
Aunque en la capital del país hay 53 empresas acreditadas, tres de ellas se llevan la mitad del pastel: Vendor, Rentable y Show case.
Si bien existe una Ley de Publicidad Exterior en la metrópoli ésta, se queja la Fundación para el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano, no se aplica a cabalidad.
70% de los anuncios están fuera de norma.
El organismo ha presentado más de 450 denuncias ante el Instituto de Verificación Administrativa en los últimos cuatro años, sin mayor eco.
En el país, sólo Yucatán y Chiapas han reglamentado la actividad, en tanto 100 municipios han hecho lo propio.
Corre trenecito. Aunque las empresas que participaron en la privatización de los Ferrocarriles Nacionales de México presumen de haber realizado grandes inversiones en locomotoras de ultima camada, hete aquí que la velocidad promedio de los convoys de carga es de 27.2 kilómetros por hora.
La promesa de los concesionarios es llegar a entre 30 o 40.
El arrastre alcanza hasta 140 carros.
Las concesiones otorgadas entre 1997 y 98 por el gobierno zedillista se pactaron por 50 años, a diferencia de los puertos que alcanzaron entre 20 y 30.