La empresa responsable de la prestación de agua en Puebla, Concesiones Integrales, reconectó el servicio y restauró las tuberías destruidas para cancelar el drenaje al Sanatorio de Los Ángeles, por orden del el Juzgado Segundo de Distrito.
Raymundo Zárate, director asociado del Sanatorio de Los Ángeles que obtuvo el amparo o4286/2017 por la justicia federal, aseguró que su caso es emblemático por ser un “un acto de justicia” y el reconocimiento de que la legislación poblana es ilegal y contradictoria a la Constitución Mexicana, que considera la distribución del agua como un derecho humano.
Narró que desde la entrada en vigor del consorcio empresarial Concesiones Integrales, compuesto por las empresas Agua de México, Epcor y Ticsa, al resultar ganadora de la licitación en el 2014, el nosocomio localizado en la colonia Belisario Domínguez tuvo un incremento en su tarifa de un 250 por ciento.
Con los argumentos de modificaciones legislativas para que los adeudos por el servicio de agua puedan ser considerados como créditos fiscales, hubo siempre la amenaza de que usuarios morosos podrán ser sujetos de embargos en sus propiedades, por lo que el Sanatorio Los Ángeles hizo el pago de multas y nuevas tarifas, pero pidió que fuera en pagos diferidos.
Pese al cumplimiento, la cuenta crecía. Al reaccionar y negarse a seguir con los depósitos y el abuso, Concesiones Integrales suspendió primero el servicio de agua y eventualmente realizó la obstrucción del drenaje.
Directivos médicos buscaron el apoyo de la Asamblea Social del Agua (ASA) que litigó el caso en tribunales, logrando que el pasado martes Concesiones Integrales atendiera el mandato judicial que ordenó “se restituya el servicio de agua potable y drenaje, y la autoridad responsable se abstenga de ejercer nuevamente cualquier procedimiento privativo de dichos servicios”.
La ASA ha emprendido una campaña dirigida a ciudadanos con el contenido de la sentencia obtenida de los jueces de distrito que han coincidido en la resolución de los siete casos presentados aduciendo lo inconstitucional del artículo 99 de la Ley del Agua para el Estado de Puebla.
“Ninguna ley local puede estar por encima del derecho humano al agua previsto en el artículo 4 Constitucional”, aduce el proceso judicial en poder de este diario.