La liberación de Aduna, un acuerdo

Quién sabe qué hilos se movieron.

Pero fueron los correctos para que Jorge Aduna tuviera un pie fuera de prisión desde el momento en que se ordenó su traslado a Durango.

La movida estuvo bien hecha.

Fue discreta y sencilla.

Él mismo se lo tuvo bien callado porque sus cuates y empleados dentro de San Miguel no sabían nada. Ni   siquiera estuvieron advertidos de su traslado a Durango la madrugada del 29 de mayo.

Más de dos tomaron sus teléfonos para preguntar si era cierto,  sentieron que el Apocalipsis de sus negocios dentro del penal había llegado a su fin.

Se les fue la leche del susto, pues.

El plan del morenovallismo era sencillo: callarlo a cambio de su libertad.

No la armarían más de jamón si él obtenía la confirmación de su amparo en el Poder Judicial Federal.

Suficiente escándalo generó con las entrevistas concedidas dentro de San Miguel, que sentó al mandamás del estado.

Y hubo acuerdos.

Aduna fue trasladado con la proyección de que la queja, tras la revisión de su amparo, procedería ante el Poder Judicial Federal y el Juzgado Cuarto de lo Penal, que tutela Marcelino Romero de Jesús, y tendría que doblar las manos.

No habría más quejas o revisiones de ninguna parte del sistema de justicia poblano.

Nadie diría nada. El procurador Víctor Carrancá se mordería la lengua y tendría que callar, también a pesar de que él y sus muchachos quedarían en ridículo al no poder validar la historia de sangre, digna de una temporada completa de American Crime Story.

Pero porque había que hacer control de daños, la noticia sería menos escandalosa si no se daba en tierras poblanas.

El acuerdo fue que sería trasladado al Cefereso Número 14 de Gómez Palacio, Durango —uno de los más complicados centros penitenciarios del país—, y ahí esperaría a que el Poder Judicial Federal concretara la revisión de su amparo.

El asunto primordial era que guardara silencio, pues una vez que estuviera fuera de tierras poblanas la bomba no reventaría a la administración de Tony Gali Fayad y, con esto, no seguiría nombrando entre sus señalamientos y mentadas de madre a Rafael Moreno Valle, a quien, por cierto,  en campaña le pagó camionetas y helicópteros para sus traslados.

Pasaron 16 días y Jorge Aduna ya estaba listo y con sus maletas hechas.

Casi en la puerta.

Aduna estuvo a la una de la tarde, procedente de Durango, en el aeropuerto de Toluca el 15 de junio del 2017.

Para cuando fueron publicadas las primeras notas de su libertad él ya había pasado una noche plácidamente en su cama, en Puebla. 

No fue muy casual.

"¿Y ahora qué hacemos?", se preguntaron las madres de los seis jóvenes levantados en Lomas de San Miguel y a quienes —según la versión de Víctor Carrancá— Aduna mandó a levantar, torturar, descuartizar y luego desaparecer.

La mañana del 16 de junio, las madres de los seis levantados en Lomas de San Miguel se reunieron para analizar qué podrían hacer. Hasta el momento siguen  consuelo.

No tienen una tumba a dónde llorar.

No tienen tampoco el alivio de una explicación de qué ocurrió con sus hijos. No tienen ni la certeza de que la ropa y objetos que les mostraron en FISDAI eran de ellos.

Y jamás tuvieron las pruebas de ADN que les prometieron, las que confirmarían que sus hijos murieron y que sus restos aparecieron en un tambo de ácido.

¿Este no es otro ridículo para la Fiscalía General del Estado?

¿Qué dirá el fiscal Víctor Carrancá?

¿Otra vez se lo chamaquearon sus muchachos e integraron mal la investigación?

O será que tan bien hecho estuvo su trabajo que solamente  tumbaron acuerdos políticos.

Por lo pronto Aduna duerme ya entre los suyos. Quizá se vaya de viaje con su familia a España.

Las madres de Lomas de San Miguel seguirán poniendo veladoras a las fotografías de sus hijos.

Lo único que quedó de ellos.