Los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigieron a la Fiscalía General del estado de Puebla que informe sobre la investigación en contra de César Yáñez Centeno, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA por tráfico de influencias, luego que intentó negociar con esta dependencia la libertad de su novia Dulce María Silva Hernández.
El punto de acuerdo de la fracción del tricolor solicita corroborar la información que publicó hace unos días el diario El Universal, en la que se revelan llamadas telefónicas entre César Yáñez Centeno con el titular de la Fiscalía General del estado de Puebla, Victor Carrancá y con el secretario de gobierno, Diódoro Carrasco para negociar la liberación de Dulce María Silva.
Dulce María Silva Hernández fue detenida el pasado 10 de marzo de 2016 acusada de operaciones de recursos de procedencia ilícita por un monto de 30 millones de pesos, aportados al Grupo Inmobiliario Verhome, empresa propiedad de Edmundo Tiro Moranchel, quien enfrenta un proceso penal tras haber sido acusado de defraudar a más de 150 personas”, acusa el PRI.
Los priistas solicitaron conocer “las acciones iniciadas” por el presunto tráfico de influencias en contra de César Yáñez Centeno.
Refirieron que el Código Penal Federal, señala que comete el delito de tráfico de influencia cualquier persona que promueva la conducta ilícita del servidor público para gestionar la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo cargo o comisión según el artículo 221 fracción III.
Al que cometa el delito de tráfico de influencia, se le impondrán de dos años a seis años de prisión y de treinta a cien días multa”, añade el documento.
En el punto de acuerdo, que no está firmada por el coordinador de senadores Emilio Gamboa Patrón, se señala que uno de los audios se escucha a Yáñez conversar con Rodolfo Alducín, secretario técnico del Fiscal General de Puebla, para pedir la intervención del Fiscal, Víctor Carrancá Bourget para liberar a Silva Hernández.
De acuerdo al PRI, esta no es la primera vez en la que funcionarios, militantes o personas cercanas a MORENA no pueden acreditar la procedencia lícita de “grandes sumas de dinero en efectivo”.
El primer ejemplo que cita es junio de 2015, luego de finalizar los comicios electorales que se celebraron en Chiapas, tres colaboradoras del entonces jefe delegacional electo en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, fueron detenidas cuando intentaban abordar un avión privado en Tapachula con más de un millón de pesos que llevaba en su equipaje. Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas una de las detenidas, actualmente es la Directora General de Desarrollo Social en dicha demarcación.
Otro caso, es el titular de la Dirección General Jurídica y de Gobierno en la delegación Cuauhtémoc, Pedro Pablo de Antuñano Padilla, fue detenido en Polanco con 600 mil pesos en efectivo y que sigue vigente en la carpeta de investigación CI-FSP/B/UI-B-3 C/D/01716/09-2016 en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.