Elia Tamayo, madre de José Luis Alberto Tlehuatle —quien murió debido a un impacto de bala de goma el pasado 9 de julio de 2014 durante un enfrentamiento entre pobladores de Chalchihuapan y policías estatales— revocó su relación con su abogado Alejandro del Castillo y solicitó a la Secretaría General de Gobierno (SGG) prohibirle información relacionada con el cumplimiento de las recomendaciones por la violación a sus derechos humanos.
Tras la muerte de su hijo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 11 recomendaciones al gobierno de Puebla a cargo de Rafael Moreno Valle, para reparar el daño a las víctimas del violento desalojo.
En noviembre 2015, un grupo de activistas integró el “Centro de Defensa y Difusión de Derechos Humanos José Luis Alberto Tamayo Tehuatle” que encabezaron los abogados Alejandro del Castillo y Arturo Rivera Pineda para dar seguimiento a los temas con el gobierno del estado.
A un año de la creación de la agrupación, Elia Tamayo presentó un oficio ante la SGG, que preside Diodóro Carrasco, en el que exige que se niegue información a sus ex representantes legales, aunque no explica los motivos.
“Por mi propio derecho comunico, que por así convenir a mis intereses vengo a REVOCAR cualquier nombramiento que haya hecho con la autoridad, ya sea el doctor Arturo Rivera Pineda o el Lic. Alejandro Rigoberto del Castillo Saabedra o cualquier otra persona, por lo que a partir de este momento, desconozco la representación que haya”, manifiesta el documento.
En la carta, la mujer indígena de Chalchihuapan informa que la única y “exclusiva” representante es Araceli Bautista, madre Jairo Javier Montes Bautista ex edil auxiliar de esa comunidad, que recientemente fue puesto en libertad.
VER: Tras pagar fianza, liberan a exedil de Chalchihuapan
El documento en el que desconoce Alejandro del Castillo, fue recibido por María Lourdes Martínez Medellín, representante de la Secretaría de Prevención de la SGG.
En 2014, CENTRAL publicó que Alejandro del Castillo Saavedra, el responsable de desactivar el movimiento en Chalchihuapan, es un vendedor de luchas sociales.
Desde 2003, Del Castillo es identificado por diversos activistas poblanos como un infiltrado del gobierno en casos como el homicidio de la activista Griselda Tirado, en contra de la sociedad de comerciantes del Centro Comercial Zapata y dentro en el Centro Cívico Poblano
Al respecto, Araceli Bautista señaló que Elia Tamayo decidió que las notificaciones sobre el cumplimiento no se den a conocer a nadie más para evitar malas interpretaciones y que confía en ella por su relación de amistad.
Hasta el momento, aclaró que ambas solicitaron por escrito el pasado 31 de octubre a la CNDH información sobre el cumplimiento de las recomendaciones, pues existe temor de que Rafael Moreno Valle termine su mandato sin reparar el daño a las víctimas.
Ya estuvo buenos de estar callados. Nosotros no queremos algo abierto para toda la vida, pero no queremos que se diga que por la libertad de Javier Montes ya no decimos nada. No señor, nosotros queremos justicia y nada más, y eso lo hemos manifestado a Ulises Carmona Tinoco, sexto visitador de la CNDH”, concluyó.
En septiembre de 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reveló que el gobierno le ofreció a Elia Tamayo una indemnización de 1.5 millones de pesos por el asesinato de su hijo, sin embargo ella se negó a aceptarla.
