En una entrevista radiofónica, el abogado Juan Velázquez, informó que cuatro de los siete militares que participaron en los hechos en Tlatlaya fueron puestos en libertad, ya que no se les encontró elementos suficientes que les involucrara con la ejecución.
Un Tribunal Federal declaró que se violó el debido proceso a 4 de los 7 militares que participaron en la ejecución de 8 de las 22 personas en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.
El abogado Velázquez en entrevista con Grupo Fórmula mencionó que originalmente eran ocho militares, el juez negó en diferentes ocasiones las órdenes de aprehensión, pero la PGR insistió, presionada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y por fin se liberaron las órdenes de aprehensión.
Sin embargo, uno de los elementos castrenses, fue herido y no entró en la bodega donde ocurrieron los hechos, por lo que fue liberado de forma inmediata, quedando 7 elementos detenidos.
El miércoles pasado, un Tribunal Federal ordenó la liberación de 4 de los siete militares, debido a que las testigos que les acusan de ejecución, incurrieron en contradicciones por lo que se ordenó su liberación y se ordenó aun juez de primera instancia federal que resolviera la situación en el término constitucional de 72 horas, las cuales se cumplieron el viernes pasado.
Los tres militares restantes, siguen acusado por delitos militares, están en libertad por el fueron civil pero siguen en cárcel militar.
Aclaró que sólo quedan tres militares vinculados a la ejecución "para que ahora sí se les enjuicie y se les dicte una sentencia ya sea absolutoria o condenatoria."
El abogado señaló que más allá de buscar la verdad de lo que pasó el 30 de junio de 2014 se intenta incriminar a los militares, ya que pareciera que las acusaciones están hechas a modo, "qué clase de acusación será que un juez, un magistrado, y ahora un juez federal, ni siquiera encontraron pruebas para enjuiciar a cuatro de los siete militares”.
Dichas contradicciones lo único que logran es restarle credibilidad a la versión de que fue una ejecución extrajudicial por parte de los elementos castrenses en contra de la población.