Luego de los trágicos sucesos ocurridos en Ajalpan, en el que fueron linchados y quemados vivos dos encuestadores en manos de los habitantes de dicha comunidad, académicos de la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla coincidieron en que actualmente en Puebla se vive una situación de estado fallido que carece de gobernabilidad y no garantiza la seguridad de sus ciudadanos. 

En entrevista con el sociólogo e investigador de la BUAP, quien es especialista en estudios de procesos políticos y violencia, Carlos Figueroa Ibarra aseguró que la tragedia suscitada en Ajalpan es el resultado de la falta de confianza de los ciudadanos en la aplicación de justicia por parte del gobierno.

Refleja un estado de descomposición social, pero sobre todo refleja la presencia de un estado que a nivel nacional y en el caso particular de Puebla, cada vez más se presenta como un estado fallido”

Asimismo, agregó que la mayoría de los linchamientos demuestran no sólo la falta de confianza, sino un hartazgo por parte de la sociedad que los lleva a buscar hacer justicia por su propia mano, como parte de un ritual que envía un mensaje violento a las autoridades.

Los linchamientos siempre son una acción de ira y descontento ante la infectividad de las instituciones del Estado, y particularmente las instituciones de justicia”

De igual forma, indicó que la unificación de los mandos propuesta por el Congreso del Estado el día de ayer, no garantiza que la justicia se vaya a practicar de manera efectiva, pues los ciudadanos han sido testigos de la ineficiencia de las autoridades en situaciones de impunidad en todo el país.

El problema es que en México estamos observando una ineficiencia judicial del 98 %, en ese contexto lo que los ciudadanos ven es que los transgresores de la ley, no son consignados y si lo son pasan un corto tiempo en la cárcel y rápidamente son liberados”

Figueroa Ibarra agregó que en Puebla tenemos a un gobernador represor, con 140 presos políticos en su lista de castigados, y 250 procesos judiciales contra luchadores sociales, que representan la mitad de los 500 procesos que existen en toda la República Mexicana, por lo que el 50 por ciento de la represión a luchadores sociales se está observando en el estado de Puebla. 

Tenemos a un gobernador que es particularmente represivo, que por lo tanto aprovechará cualquier circunstancia, como lo que ha sucedido desgraciadamente en Ajalpan para poder efectuar medidas represivas, en realidad no busca la seguridad democrática ciudadana, sino un control social con respecto a otros temas que a este gobernador le parecen importantes." 

Finalmente, indicó que esta será una oportunidad para el gobernador Rafael Moreno Valle para continuar con sus prácticas de represión como lo ha venido haciendo durante toda su administración. 

No es ninguna novedad que el gobernador aproveche el linchamiento que sucedió en Ajalpan para poder efectuar las medidas adecuadas para garantizar una represión, que no estaría dedicada principalmente a la delincuencia, sino contra las luchas sociales”

Por su parte, el profesor Antonio Fuentes Díaz, quien imparte clases en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades BUAP, y es autor del libro “Linchamientos: Fragmentación y respuestas en el México Liberal, expresó que en Puebla existe una crisis del estado de derecho, en la que los habitantes hacen justicia por sus propias manos, debido a la desconfianza en los sistemas que administran la justicia.

La alta desconfianza en los sistemas de administración de justicia, la falta de confianza en los  cuerpos policiales que genera sentimientos de frustración, respecto a experiencias previas, que si se detienen ladrones saldrán en libertadorillan a la gente a cometer este tipo de delitos.”

 Detalló que a falta de una intervención oportuna por parte de las entidades de gobierno encargadas de la aplicación de justicia, los ciudadanos podrían acostumbrarse a hacer justicia por su propia mano, corriendo el riesgo de que se convierta en una práctica normal y regular.

La gente toma en sus propias manos una función de seguridad que técnicamente el estado debería cumplir y no lo hace, vemos como se ha mencionado no sólo una crisis del estado de derecho, sino también un acostumbramiento de segmentos de la población a ejercer justicia por su propia autoridad en un marco de inseguridad nacional”

Asimismo, Fuentes Díaz detalló que este tipo de situaciones surgen en escenarios donde prolifera un clima de impunidad que es percibido por los habitantes como una situación de vulnerabilidad, y al sentirse vulnerables cometen actos como los de Ajalpan a manera de reprimenda a los delincuentes y específicamente al gobierno.